Inicia su andadura administrativa junto al Decreto de Concertación, uno de sus principales soportes jurídicos y legales
VALLADOLID, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -
La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, ha asegurado que el Anteproyecto de Ley del Tercer Sector --que estará disponible en la página de Gobierno Abierto para su consulta y para presentar alegaciones-- ha iniciado ya su trámite administrativo y espera que pueda estar aprobada antes de que finalice el año.
Se trata de una norma "necesaria e importante" que reconoce la labor y la aportación de las entidades del Tercer Sector Social de Castilla y León, más de 3.000, que forman el tejido social en la Comunidad y que complementan este sistema de responsabilidad pública, prestando servicios profesionales (más de 5.000 servicios), "de calidad, cercanos y apostando siempre por la innovación".
Blanco ha destacado la importancia del Tercer Sector, especialmente en la situación provocada por la pandemia del COVID y sus consecuencias para las personas, familias y entidades.
Durante este tiempo, tanto desde la parte asistencial centrada en las personas con discapacidad, como desde la parte de inclusión o de voluntariado, se ha tratado de llegar a todas las personas y familias que se encontraban en situación de especial vulnerabilidad.
En este sentido, la consejera ha señalado que se ha atendido a más de 14.000 familias con ayudas urgentes para alimentos o bienes de primera necesidad a través de Cruz Roja, se ha dado alojamiento a más de 433 personas sin hogar a través de Cáritas o se ha incrementado un 10 por ciento el número de familias atendidas por el Banco de Alimentos durante la pandemia.
Además, a lo largo del 2020 hay previsión de atender a más de 160.000 familias a través de todos los programas de inclusión, entre los que se incluyen los programas de promoción de los derechos de los niños, con 19.000 menores atendidos anualmente o los de prevención frente al maltrato con 60.000 menores atendidos al año.
Por todo ello, la consejera ha destacado que estas entidades son un activo fundamental de la sociedad de Castilla y León y que cuentan con la firme voluntad del Gobierno Regional de apoyar, desde el diálogo constante y la colaboración, el fomento del trabajo tan esencial que realizan.
La Ley, además de definir jurídicamente al tercer sector, establece fórmulas de participación como el trabajar en Red en Castilla y León, dotando además al sector de una garantía de sostenibilidad y estabilidad.
Además, una de las grandes novedades es el reconocimiento del voluntariado como parte integrante de ese Tercer Sector en el que desarrollan su actividad, especialmente en un momento como el actual, en el que se ha comprobado que además de los recursos y servicios profesionales, la labor de los voluntarios, vinculados en su mayoría a las entidades del tercer sector, se ha mostrado como relevante dentro de estas organizaciones.
LÍNEAS ESTRATÉGICAS
En primer lugar, la Ley establece el papel del Tercer Sector y su ámbito de intervención y para ello, establece quienes son entidades del tercer sector, define los fines de su intervención, los criterios y las distintas fórmulas de colaboración, dotándolo por ley de la necesaria cobertura jurídica que las organizaciones del tercer sector llevan años demandando.
Por otro lado se establece la finalidad de la intervención del Tercer sector, entre la que se encuentra el promover la inclusión social o el reconocimiento de los derechos de toda la población y su ejercicio efectivos por las personas, colectivos o grupos que estén en situaciones de vulnerabilidad o exclusión o en peligro de estarlo y se recogen las actividades a desarrollar para alcanzar la finalidad buscada abarcando desde la sensibilización a la promoción de valores como la solidaridad.
Se marcan los criterios que se deben aplicar en la ejecución de las intervenciones que realicen las entidades del tercer sector con una especial mención al trabajo en la Red de Protección, la coordinación con los sistemas de servicios sociales de responsabilidad pública y el papel esencial en el trabajo en red del profesional de referencia ubicado en un técnico de los equipos de acción social básica del CEAS correspondiente.
Con el fin de promover el reconocimiento a la labor que realiza el Tercer Social y dotarlo de seguridad jurídica, la Ley contempla la elaboración de un Plan estratégico para el impulso y promoción del Tercer Sector y las actuaciones de promoción a realizar por las administraciones para el establecimiento y mejora de la colaboración de las empresas y entidades, con mención expresa al favorecimiento del mecenazgo y el patrocinio y se enumera las posibles medidas de apoyo a la actividad económica de las entidades del Tercer Sector dentro del amplio abanico de medidas de carácter jurídico o económico.
EL VOLUNTARIADO, UN MOVIMIENTO VITAL PARA EL TERCER SECTOR
Asimismo, la norma establece como objetivos principales promover y facilitar la participación de la ciudadanía a través del voluntariado, para lo que es necesario adaptar la Ley de Voluntariado a la realidad actual, toda vez que la acción voluntaria se ha incrementado de manera considerable.
En Castilla y León hay unos 200.000 voluntarios que colaboran con alguna de 414 entidades de voluntariado registradas. De ellas, el 50 por ciento pertenece al ámbito de la acción social y los servicios sociales.
EL DECRETO DE CONCERTACIÓN
Desde el reconocimiento de la participación de las entidades del Tercer Sector en el sistema de servicios sociales es como mejor se entiende el Decreto de Concertación, uno de los principales soportes jurídicos y legales de la Ley, que dota además de certidumbre a los colectivos y les garantiza el apoyo económico para llevar a cabo su labor.
Por ello, de forma paralela a la Ley, se está elaborando el Decreto de Concertación, una norma que suponga una garantía de sostenibilidad del sistema actual de prestación de servicios sociales, para lo que regulará el concierto social entre la Administración y las entidades del Tercer Sector.
Esta norma se basa en la Ley de Contratos del Sector Público y la normativa europea, que permiten a las administraciones públicas concertar servicios sociales con entidades privadas fuera de la normativa de contratación pública, a través de un procedimiento especial, y ello es posible por los servicios sociales están incluidos en lo que la normativa denomina como servicios a las personas, por lo que gozan de una especial protección mediante una regulación específica distinta de la que rige en materia de contratación pública.
Entre las ventajas del Concierto Social cabe destacar la de la estabilidad y continuidad en los servicios, pero además, potencia y fomenta la innovación, se basa en principios de transparencia y resulta una fórmula flexible y con mayor capacidad de adaptación a las necesidades.
El Decreto presentado este lunes regula esta nueva fórmula organizativa de los servicios sociales que es la acción concertada entre la iniciativa pública y la privada y establece como principales novedades la exigencia de una experiencia acreditada mínima como requisito (no como criterio de valoración) para poder concertar; que primen los factores sociales en los criterios de selección y su ponderación, más que el precio o los aspectos económicos del contrato; y que en caso de empate se dará prioridad a las entidades sin ánimo de lucro.
Además, establece aspectos como los principios rectores del concierto social, los servicios que se pueden concertar, las entidades que pueden hacerlo, la duración de los conciertos, que será de seis años prorrogables hasta un máximo de 12 años, las fases del procedimiento, su ejecución y las obligaciones de las partes.
Se prevé también el supuesto de procedimiento de urgencia, que en situaciones como la vivida con el COVID-19, es necesario para ser ágiles y eficaces.
