Publicado 21/07/2021 14:29CET

CyL, Galicia, Andalucía, Murcia y Madrid rechazan el diseño "impuesto" por el Gobierno para los fondos de recuperación

Conferencia sectorial de Empleo.
Conferencia sectorial de Empleo. - JCYL

   VALLADOLID, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

   Las comunidades autónomas de Castilla y León, Galicia, Andalucía, Murcia y Madrid han mostrado su rechazo al diseño "impuesto" por el Ministerio de Trabajo para la finalidad de los fondos de recuperación y resiliencia.

   La consejera de Empleo e Industria, Ana Carlota Amigo, ha participado este miércoles en la LXXX Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales, presidida por la vicepresidenta segunda del Gobierno de España y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, donde ha defendido, junto al resto de estas comunidades, la necesidad de respetar las competencias autonómicas en el diseño de las políticas activas de empleo.

   El principal tema tratado en la reunión ha sido la distribución de 687,75 millones euros de fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) y el diseño "impuesto" por el Gobierno de España para que estos sean destinados a una relación de destinos funcionales concretos. Los consejeros de estas cinco comunidades autónomas han mostrado su rechazo a esta invasión de competencias, puesto que su participación en la propuesta ha sido puramente testimonial.

   Los representantes de estos gobiernos autonómicos han remarcado que son las comunidades autónomas las que poseen las competencias sobre las políticas activas de empleo, ya sean servicios de empleo, incentivos para el empleo y formación para el empleo. Por tanto, son las comunidades autónomas las que tienen que diseñar cualquier política activa de empleo.

   Así, los gobiernos de Castilla y León, Galicia, Andalucía, Murcia y Madrid muestran su desacuerdo al comportamiento del Ministerio de Trabajo, al igual que el de Educación, al tratar a las comunidades autónomas como "meras ejecutoras" de las líneas de subvención elegidas de forma unilateral por estos ministerios, cuando son las comunidades autónomas las encargadas de su gestión.

   Denuncian, por tanto, "que se impongan los destinos funcionales de los fondos, en muchos casos coincidentes con políticas ya existentes y en su mayoría siendo imposibles de automatizar los procesos de aplicación sin, además, incorporar recursos suficientes para hacerlo en tiempo y forma".

   Asimismo, han denunciado la opacidad en el reparto de los fondos, ya que solo se conoce que de los 70.000 millones que recibirá España, 19.000 millones irán a parar a las comunidades autónomas, sin que se haya dado a conocer los criterios con los se van a asignar los 52.000 millones restantes, que suponen casi 3 de cada 4 euros de la totalidad de fondos que recibirá España.

   Los representantes de los gobiernos autónomos lamentan, por tanto, que se traslade a las comunidades autónomas toda la responsabilidad del éxito de las medidas sin que hayan podido participar en su diseño, ya que simplemente han estado presentes en algunas reuniones informativas previas.

   Del mismo modo, advierten que la fórmula utilizada incorpora un elevado riesgo de no poder ser puestas en práctica, además de no cumplir con los objetivos buscados de mejorar la empleabilidad de las personas y mejora de la productividad de las empresas dentro del contexto de una economía más verde y digital marcado por la Unión Europea.

   Asimismo, consideran que "el comportamiento de ambos ministerios en la correspondientes Conferencias Sectoriales de Empleo y Formación Profesional para el Empleo son una muestra más del desplegado habitualmente por un Gobierno de España que no respeta la distribución competencial del Estado de las Autonomías, ni atiende a la indicación de la UE para que las comunidades sean partícipes del diseño de los proyectos a los que se destinan los fondos".

   En este sentido, Amigo ha insistido especialmente en la "rigidez" de la propuesta, que no permite adaptar los programas y los fondos a las necesidades y potencialidades reales de cada territorio y ha remarcado que supone "un incremento de la carga administrativa que dificulta la tramitación y encarece la gestión".

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