ZAMORA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Diputación de Zamora ha asegurado que no puede subvencionar el IVA a los 60 ayuntamientos adheridos al proyecto DUS 5.000 de ayudas para inversiones a proyectos singulares locales de energía limpia en municipios de reto demográfico por ser "ilegal de pleno derecho", tal y como establece la Ley de Subvenciones.
Así lo explicó este viernes el portavoz del equipo de Gobierno de la Diputación Provincial, Víctor López de la Parte, ante una solicitud planteada por el diputado de Zamora Sí en el Pleno
Ordinario de septiembre celebrado. De la Parte también agradeció al resto de los grupos políticos su "altura de miras" al entender la situación en torno a la legalidad de la cuestión.
A pesar de ello, la institución provincial ha señalado que el citado diputado de la oposición, "sin replicar las explicaciones acerca de la legalidad de su petición, mandó nota de prensa a los medios de comunicación con la intención de generar polémica dónde no existe".
No obstante, la Diputación ha remarcado que la citada ley dispone claramente que el IVA no es subvencionable y que las 60 subvenciones nominativas serían en todo caso "ilegales e inviables, por más que lo solicite algún diputado provincial".
"Esta es la única solución que se podría haber adoptado y no perjudica ni crea desigualdad con otros ayuntamientos de la provincia que han solicitado de manera individual este proyecto y han tenido que pagar el proyecto, la dirección de obra", ha indicado la Diputación en un comunicado recogido por Europa Press.
DECISIÓN "TÉCNICA"
De la misma manera, la institución provincial ha advertido de que esta no es una decisión "caprichosa" del actual equipo de Gobierno del Partido Popular, sino que se trata de una "decisión técnica ajustada a la legalidad vigente". Víctor López de la Parte recordó que estos ayuntamientos han recibido el 100 por ciento de la cuantía subvencionable.
El vicepresidente segundo y diputado de Recursos Humanos y Fondos Europeos, Ramiro Silva Monterrubio, ya ha transmitido esta situación a los ayuntamientos tras contactar con los alcaldes afectados y ninguno de ellos ha planteado problema alguno al entender que la decisión se toma en base a la legalidad vigente.
