Cabrera valora "muy positivamente" el texto de las CC.AA. del PP para aplicar la reforma y no cree que vulnere la autonomía de los centros
MADRID, 18 May. (EUROPA PRESS) -
Las evaluaciones de diagnóstico sobre las competencias básicas alcanzadas por los alumnos al finalizar segundo ciclo de Educación Primaria y tras segundo curso de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) comenzarán a realizarse a partir del año académico 2008-2009, según el proyecto de calendario de aplicación de la Ley Orgánica de Educación (LOE), que hoy recibió el visto bueno de los consejeros autonómicos en la Conferencia Sectorial de Educación y que, previsiblemente, aprobará el Gobierno el 23 de junio.
El Gobierno establecerá así para dentro de tres cursos la obligatoriedad y generalización de evaluar el sistema educativo mediante estas pruebas, pero no impide que las comunidades autónomas empiecen a realizarlas antes. Según establece la reforma educativa, estas pruebas, que tendrán carácter formativo y orientador para los centros e informativo para las familias y la comunidad educativa, corresponden a las administraciones educativas desarrollar y controlar y proporcionar los modelos y apoyos pertinentes.
Los decretos de enseñanzas mínimas estarán listos a finales de este año. Así, entre el conjunto de reglamentos de ordenación académica entra el diseño de la asignatura de Religión, que pasará, como es habitual, por la aprobación del Consejo de Ministros y la consulta al Consejo de Estado, tal y como explicó la ministra de Educación y Ciencia, Mercedes Cabrera, al término de la Conferencia Sectorial de Educación celebrada hoy.
Además, la ministra Cabrera informó a los consejeros de que "de aquí a pocas semanas" les enviará el borrador del Estatuto de la Función Pública Docente para su "estudio detenido". "Esperamos que haya un acuerdo sobre esta cuestión", afirmó la titular del Ministerio de Educación y Ciencia (MEC), señalando que este tema que estaba "pendiente" es "central" para el sistema educativo.
Sobre el reparto de fondos para la gratuidad del segundo ciclo de Educación Infantil (3 a 6 años), también se alcanzó un acuerdo, tal y como dijo Cabrera, aunque en algunos casos hayan pedido "adaptarlo a otra realidad". Así, Castilla y León y Asturias, apoyados por Madrid, presentaron una propuesta, que no vio la luz, para que se tuviera en cuenta entre los criterios de reparto el número de unidades porque hay autonomías con población de esas edades muy dispersa.
En relación al documento firmado ayer por los seis consejeros de Educación del PP (Madrid, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Murcia, Baleares y La Rioja) para una aplicación común de la LOE en estos territorios, la ministra lo valoró "muy positivamente" el texto por entender que las autonomías 'populares' han decidido aplicar la reforma. Además, considera que entra "perfectamente" dentro de las competencias autonómicas y de los márgenes que fija la normativa: "No creo que vulnere en absoluto la autonomía que a los centros les concede la ley", agregó.
REUNIÓN "CONSTRUCTIVA"
En general, la ministra calificó la reunión con los consejeros de "muy constructiva" y "doblemente positiva", tanto por las intervenciones de los responsables autonómicos como por alcanzar un acuerdo sobre todos los puntos del orden del día. "Me parece fundamental porque las comunidades autónomas son la pieza fundamental y básica para la aplicación de la LOE", concluyó Cabrera.
En esta línea, el secretario general de Educación, Alejandro Tiana, valoró el espíritu "muy constructivo" de los consejeros de Educación autonómicos y el "alto grado de acuerdo" sobre el calendario de implantación de la reforma, como ya se había consensuado con los directores generales de las comunidades autónomas en los trabajos de la Comisión General de Educación y que ahora han "ratificado" los máximos responsables de la Educación de cada territorio.
Por su parte, el consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, Luis Peral, explicó a la prensa que en la "positiva" reunión de la Conferencia Sectorial expresó la voluntad de su autonomía de colaborar para que el conjunto de la normativa de la LOE y su desarrollo consiga diseñar un sistema educativo "estable, con prestigio" y "de calidad", con el fin de que si otro partido llega al Gobierno no eche abajo la normativa. Para la subvención del tramo 3-6 años, la CAM recibirá 25 millones de euros, cifra que Peral considera "insuficiente".
