VALLADOLID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Plataforma del Audiovisual de Castilla y León y la Delegación de CIMA en la comunidad han hecho pública su profunda preocupación por la inclusión de condicionantes ideológicos en la convocatoria de subvenciones para la realización de largometrajes y cortometrajes de la Junta de Castilla y León 2026, a la vez que denuncian que la disposición 4.10 no se ajusta a las bases reguladoras. Ambos colectivos han expresado su rechazo a cualquier medida que vulnere la libertad de creación artística o discrimine proyectos por razón de opinión mediante criterios ambiguos como el de adoctrinamiento ideológico.
Las organizaciones han advertido de que Castilla y León cuenta con una de las dotaciones económicas para producción audiovisual más reducidas del país, con 325.000 euros en la convocatoria actual, frente a los 46,3 millones de euros de Cataluña, los 11,14 millones del País Vasco o los 7 millones de Galicia. Asimismo, han recordado que la legislación sobre subvenciones cinemáticas ya regula las exclusiones relativas a la propaganda política de forma precisa, por lo que han rechazado la imagen del cine español como un sector homogéneamente ideologizado.
Ante esta situación, el sector, a través de un comunicado recogido por Europa Press, ha solicitado la garantía de que la evaluación de las obras no dependa de la orientación ideológica de sus autores ni de las opiniones expresadas en las producciones, exigiendo plena transparencia sobre la composición del comité de valoración. Al mismo tiempo, han pedido proteger la convocatoria de 2026 sin plantear su impugnación o anulación, al considerar que una eventual paralización de los fondos terminaría perjudicando al propio tejido audiovisual de la comunidad.
Igualmente, han llamado a reflexionar sobre las desigualdades estructurales que arrastra la industria en la región, entre las que han citado la escasez de recursos económicos autonómicos, la ausencia de una televisión pública autonómica como motor de inversión y la carencia de instrumentos de financiación competitivos. Ante este escenario, han instado a abrir un espacio de diálogo con la administración autonómica sobre la totalidad de las bases reguladoras de las futuras convocatorias.
Con este propósito, la Plataforma del Audiovisual de Castilla y León ha anunciado que convocará una asamblea extraordinaria en las próximas semanas para recabar las inquietudes de los profesionales y elaborar una propuesta que trasladarán a la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte. Finalmente, ambas entidades han reiterado su disposición al diálogo institucional para consolidar una política audiovisual estable y transparente que garantice la libertad creativa en la autonomía.
