VALLADOLID, 8 May. (EUROPA PRESS) -
El procurador de Unidas-Podemos por Valladolid, Pablo Fernández, ha registrado este miércoles una proposición de ley de reforma de la Ley de Publicidad Institucional que incluiría un nuevo apartado para que se prohíba la contratación de cualquier tipo de campaña de publicidad o comunicación institucional con medios de comunicación social que hayan sido condenados en sentencia firme de forma reiterada a rectificar informaciones inexactas, por vulnerar el derecho al honor y a la intimidad y la propia imagen de las personas o por delitos de odio.
La reforma legislativa que ha propuesto Pablo Fernández contempla tanto la condena directa a los medios de comunicación como a sus trabajadores y colaboradores y entiende por circunstancia reiterada que se haya producido una condena firme por estos delitos dos veces en los tres últimos años o tres o más veces en los últimos cinco años anteriores a la contratación de la campaña.
"Hay medios de comunicación que a día de hoy cumplen las condiciones para no recibir la financiación pública", ha asegurado el de Unidas-Podemos que ha cifrado esa financiación concreta de la Junta en 1,6 millones de euros en dos años.
Para Pablo Fernández se trata de "una auténtica vergüenza" y ha advertido de que Unidas-Podemos va a seguir investigando en el convencimiento de esos casos son sólo "a punta del iceberg". En este sentido, se ha comprometido a "dar la batalla" en este asunto "porque es importante para la ciudadanía, para la democracia y también para el periodismo".
"Es algo tan sencillo como que los medios que tengan sentencias firmes acreditadas en contra no puedan ser financiados", ha resumido Fernández que ha planteado la modificación legislativa como una "ley antibulos" ente el "muy grave problema" que sufre la sociedad "con las noticias falsas y con la desinformación" por la "proliferación de pseudomedios", muchos de ellos, ha asegurado, financiados por PP y Vox en la Junta a través de contratos menores de publicidad y "siempre al límite legal de los mismos".
Fernández ha hecho especial hincapié en que su proposición de ley no busca prohibir directamente la publicación de informaciones falsas, por tratarse de un asunto que afecta a los derechos y a las libertades fundamentales y que, como tal, corresponderá regular al legislador estatal, y se ha centrado en la competencia autonómica para establecer normas para regular su propia comunicación y su publicidad institucional.
No obstante, ha pedido que también se legisle a nivel nacional se "para evitar este tipo de delitos, de bulos y de financiaciones públicas a estos bulos".
Respecto al recorrido parlamentario de la proposición de ley registrada hoy, espera que se pueda tramitar y se pueda llevar al Pleno en cuanto la Mesa de las Cortes dé el visto bueno y no ha dudado que no pase el filtro previo de la Junta, ya que no conlleva ningún tipo de gasto económico.
En el caso de que la Junta de Castilla y León no de su beneplácito para que esta proposición de ley salga adelante, ha advertido de que sería "un auténtico escándalo, un bochorno y una vergüenza democrática". "Si eso sucede, pues ya no sé qué haría, pero desde luego me pensaría qué acciones tomar, porque sería auténticamente escandaloso", ha zanjado.
Finalmente, se ha mostrado convencido de que tanto el Partido Socialista, como UPL, Soria ¡Ya!, Por Ávila y el procurador Francisco Igea van a dar el voto favorable a esta iniciativa y se ha preguntado qué van a hacer Partido Popular y Vox, "si están a favor de luchar contra los bulos y luchar contra la desinformación o si, por contrario, van a seguir regando con dinero público a medios que difunden bulos que favorecen al Partido Popular y a Vox".
