VALLADOLID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Grupo Parlamentario 'Popular' ha votado en contra, al igual que el resto de grupos parlamentarios, de una Proposición No de Ley (PNL) presentada por Vox, por lo que ha impedido que salga adelante una iniciativa de los de Abascal en la que se solicitaba, entre otras cosas, "proceder a la repatriación de todos los inmigrantes ilegales" o "garantizar la prioridad nacional de los españoles en todos los frentes de la vivienda".
La iniciativa ha sido defendida por el procurador de Vox Carlos Menéndez quien ha rechazado tres enmiendas presentadas por los 'populares', cuyo procurador José Luis Sanz Merino, ha detallado para explicar que eludían únicamente a los cuatro primeros puntos, ya que su grupo estaba dispuesto a apoyar los seis restantes.
En concreto, Sanz Merino ha expresado coincidencias en el diagnóstico sobre los efectos negativos del marco regulatorio estatal de arrendamientos, el incremento de la "inseguridad jurídica" o la escasez de oferta. No obstante, ha defendido enmiendas a los apartados sobre extranjería para matizar la "prioridad nacional" para que sea un principio "inspirador" adecuado a la legalidad vigente.
El parlamentario 'popular' ha puntualizado que la clave para recibir asistencia habitacional debe centrarse en la noción de "arraigo" y en la vinculación efectiva con la Comunidad a través del trabajo, el pago de impuestos y el cumplimiento de las obligaciones fiscales, con independencia de la nacionalidad.
Así, la formación 'popular' ha planteado modificar la redacción de los apartados sobre extranjería e inmigración con el objetivo de garantizar los mismos derechos de acceso a la vivienda protegida a cualquier residente que acredite una vinculación efectiva, trayectoria laboral, cotizaciones y cumplimiento de sus obligaciones fiscales.
No obstante, el procurador de Vox ha afeado al PP la presentación de enmiendas modificativas y ha asegurado que su iniciativa se limita a recoger planteamientos que los propios dirigentes nacionales de la formación 'popular' han expresado de forma pública, lo que ha provocado el rechazo del PP. De igual manera, Menéndez ha sostenido que la inclusión del criterio de "prioridad nacional" sustentado en el arraigo forma parte explícita de los acuerdos de gobierno suscritos entre ambas fuerzas políticas en Castilla y León.
Menéndez Blanco ha defendido la iniciativa de su grupo para instar al Gobierno de España a aplicar el principio de "prioridad nacional" en el acceso a la vivienda pública social, protegida y a las ayudas del sector.
Menéndez ha argumentado que las políticas de los últimos ocho años han fracasado y han convertido la vivienda en un "esfuerzo insoportable". Entre las causas de esta situación, el procurador ha atribuido el incremento desmedido de la demanda a las políticas de fronteras abiertas y al fomento de la inmigración masiva, además de señalar la falta de construcción por la lentitud en los trámites administrativos y la inseguridad jurídica derivada de la ocupación ilegal.
Asimismo, el representante de Vox ha expuesto una propuesta estructurada en tres ejes clave. En primer lugar, ha reclamado la "prioridad nacional" para los recursos públicos con criterios objetivos como el empadronamiento histórico, la trayectoria laboral y educativa, así como los vínculos familiares.
En segundo lugar, ha planteado medidas de desregulación mediante la liberación de suelo, la agilización de licencias, la reducción de impuestos y la protección a los propietarios frente a la ocupación.Por último, Menéndez ha defendido la necesidad de articular procesos de remigración.
En este sentido, ha exigido la "repatriación" de las personas que permanecen de forma ilegal en el país, la "deportación" de aquellos extranjeros que cometan delitos y la "salida" de quienes pretendan residir "permanentemente con el apoyo de ayudas públicas sin una contribución efectiva a la economía".
Tras esta argumentación, la procuradora del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Castilla y León Ana Isabel Casado Ridruejo ha acusado a Vox de buscar un "chivo expiatorio" en los inmigrantes para ocultar la "incapacidad" de la Junta de Castilla y León en el desarrollo de una política de vivienda "eficaz".
Durante el debate Casado ha recordado que el Gobierno autonómico ostenta la competencia "exclusiva" en materia de vivienda, urbanismo y ordenación del territorio. Asimismo, ha rechazado el principio de prioridad nacional defendido por Vox al calificarlo de "discriminación" contraria al ordenamiento jurídico, al tiempo que ha sostenido que las adjudicaciones de vivienda pública deben regirse por criterios de necesidad, renta y vulnerabilidad.
En esta línea, ha atribuido el incremento de los precios de los alquileres a la escasez de oferta, a la especulación inmobiliaria y a la falta de un parque público residencial protegido de manera permanente.Por último, la procuradora socialista ha calificado de "cinismo político" que la iniciativa exija al Gobierno de España medidas que el Ejecutivo central ha articulado en recientes reales decretos leyes.
A este respecto, ha señalado que Vox votó en contra de dichas disposiciones normativas en las Cortes Generales y ha concluido que las dificultades de acceso a la vivienda en la Comunidad responden a décadas de gestión "insuficiente" del PP en la Junta.
GRUPO MIXTO
Por su parte, el procurador del Grupo Parlamentario Mixto en representación de Soria Ya, Ángel Ceña Tutor, ha expresado el voto en contra de su formación y ha calificado la iniciativa de "contradicción absoluta" al pretender construir más inmuebles y, de forma paralela, plantear la expulsión de trabajadores inmigrantes, quienes componen la inmensa mayoría de la mano de obra en el sector de la construcción.
Asimismo, el parlamentario ha advertido sobre el problema del stock residencial en la provincia soriana, donde existen 21.075 casas deshabitadas, lo que supone una de cada tres en el ámbito rural. Frente a esto, ha abogado por rehabilitar dichos inmuebles, incorporarlos al mercado de arrendamiento con garantías para los propietarios y buscar un equilibrio que evite incrementos desmedidos en los precios de los alquileres.
Por su parte, la procuradora del Grupo Mixto en representación de UPL Rosa María Quintanilla ha rechazado de igual modo la propuesta de Vox tras definirla como una "cortina de humo" basada en el oportunismo. Quintanilla ha atribuido la crisis habitacional al fracaso de las políticas aplicadas durante los últimos 50 años por el Partido Popular y el Partido Socialista, a los que ha acusado de alimentar la especulación inmobiliaria y de reducir el parque público de vivienda a niveles mínimos.
En este sentido, la representante leonesista ha desvinculado la problemática residencial de la inmigración o del padrón municipal. Igualmente, ha denunciado que las deducciones o exenciones fiscales planteadas por la formación proponente perjudican "directamente" a los ayuntamientos, por lo que ha exigido la movilización de suelo público y la promoción de viviendas protegidas para fijar población en el medio rural.
