El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Valladolid, Pedro Herrero. - PSOE VALLADOLID
VALLADOLID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Grupo Municipal Socialista ha reclamado al equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Valladolid que saque a la venta o al alquiler cuatro viviendas --tres pisos y un ático cuyo valor ubican por encima de los 2,1 millones de euros-- que posee en el 'Edificio Zorrilla', cuya reforma fue declarada ilegal en los tribunales en 2015.
Las cuatro viviendas pasaron a formar parte del patrimonio municipal en 2019, cuando era alcalde el socialista Óscar Puente. Fue una de las consecuencias de las sentencias judiciales relacionadas con este edificio, entre las que se incluyó también en 2015 la condena de inhabilitación por un periodo de 13 meses del exalcalde 'popular' Javier León de la Riva.
La iniciativa de los concejales del PSOE pretende el aprovechamiento de estas cuatro viviendas, que en la actualidad se encuentran deshabitadas, ya sea en régimen de alquiler o en venta. La valoración de estos inmuebles supera los 2,1 millones de euros, según estimaciones de entidades del sector inmobiliario.
Mientras tanto, apunta el PSOE, "la realidad es que los tres pisos y el ático siguen generando gastos" en concepto de las cuotas de la Comunidad de Propietarios. Así, indican que el pasado 17 de agosto, la Junta aprobó el abono de 5.226 por los inmuebles municipales ubicados en el portal de Santiago 28, 'Edificio Zorrilla'.
El portavoz ha cifrado en 3,7 millones de euros la "factura" que ha tenido que pagar el Ayuntamiento por la sentencia de los áticos de Zorrilla.
El portavoz del Grupo, Pedro Herrero, ha recordado que las viviendas, con una ubicación "inmejorable" en "el famoso edificio de Caja Duero" --albergó la sede principal de esta entidad financiera en la capital y actualmente alberga la de Unicaja--, son propiedad del Ayuntamiento por el caso que ha denominado como "áticos", cuya sentencia hizo que en cumplimiento de la sentencia los cuatro pisos quedarán en sus manos.
El PSOE ha tenido ocasión de visitar los inmuebles y ha considerado que "hoy por hoy, con las necesidades que tienen los ciudadanos, es un lujo que el Ayuntamiento no se puede permitir que cuatro viviendas estén sin habitar en uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad", ha apostillado el PSOE.
Se trata de cuatro viviendas, de las cuales la más pequeña es un ático de 46,50 metros cuadrados que se encuentra en la octava planta del edificio de la calle Santiago 28 . Hay otras tres viviendas situadas en la cuarta y sexta planta del edificio, una de ellas, la más grande, con 149,45 metros cuadrados.
La sentencia anuló las licencias de obra, primera ocupación y el proyecto de ejecución por alterar las fachadas protegidas y aumentar la superficie edificada en la última planta.
Además, ha añadido el PSOE, el juzgado de lo Penal número 2 condenó a León de la Riva en abril de 2015 a 13 meses de inhabilitación para ejercer como alcalde o concejal por un delito de desobediencia al incumplir "de forma reiterada" la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de 2008 que ordenaba derribar las obras realizadas de forma ilegal en el edificio y devolver el inmueble a su estado original.
Esta sentencia establecía la nulidad de las licencias de obras concedida en su día para la rehabilitación del edificio y también las licencias de ocupación tras comprobar que en el inmueble en el que, como señala el PSOE, "León de la Riva, siendo alcalde, había comprado una vivienda", se habían realizado trabajos que incumplían el Plan Especial del Casco Histórico.
En consecuencia, el tribunal ordenó la demolición de las obras ilegales y la reposición de los elementos eliminados para devolver el edificio a su estado anterior.
Para restituir la legalidad y devolver el inmueble a su estado anterior hubo que derribar todo aquello que se había construido de manera ilegal y, por tanto, fue necesario indemnizar con más de 3 millones de euros a los propietarios de las oficinas y viviendas afectadas.
Dado que en la sentencia se especificó que la indemnización era incompatible con el mantenimiento de la titularidad del inmueble, aquellos propietarios que optaron por coger el dinero tuvieron que entregar la propiedad. Así, el Ayuntamiento se quedó en propiedad las viviendas después de la última sentencia de 2015, aunque Herrero ha matizado que el proceso "de depuración jurídica" implicó "varios años".
