Archivo - Hospital Universitario de Burgos, a 13 de enero de 2026, en Burgos, Castilla y León (España). - Tomás Alonso - Europa Press - Archivo
VALLADOLID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -
La procuradora del Grupo Parlamentario Socialista Virginia Jiménez Campano ha cuestionado qué "oculta" el Gobierno autonómico tras el retraso en la publicación del balance de las listas de espera del tercer trimestre en Castilla y León, al tiempo ha exigido la puesta en marcha inmediata de un plan integral para su reducción.
Durante su intervención en el Pleno de las Cortes en defensa de una moción sobre sanidad que finalmente ha sido rechazada con los votos en contra de PP y Vox y el apoyo de los partidos del Grupo Mixto, la parlamentaria ha recordado que el Portal de Salud establece la difusión de estas cifras el día 16 del mes posterior al cierre del trimestre, y, en octubre, aún no se han publicado las correspondientes al tercer trimestre.
Jiménez Campano ha señalado que los últimos datos disponibles, correspondientes al mes de junio de 2026, registraban 33.004 pacientes en espera quirúrgica estructural y una demora media de 101 días. La representante socialista ha remarcado que esta cifra supone casi 8.000 personas más en comparación con el mismo periodo del año anterior, por lo que ha calificado la situación de "empeoramiento continuado" de la atención sanitaria.
Finalmente, las Cortes de Castilla y León han rechazado la moción sobre sanidad presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. En el turno de fijación de posición del Grupo Mixto, el representante de Soria Ya, Ángel Ceña Tutor, ha denunciado demoras de hasta dos años en la atención de especialistas como otorrinolaringología en la provincia soriana.
Asimismo, el parlamentario ha calificado de "irreales" las estadísticas oficiales del Ejecutivo autonómico y ha atribuido estas demoras a la falta de cobertura de las plazas de personal médico.
Por su parte, el procurador de Por Ávila, Pedro Pascual Muñoz, ha defendido la necesidad de retomar con actitud constructiva un Pacto por la Sanidad en la Comunidad autónoma, por lo que ha emplazado a la Consejería de Sanidad y al resto de las fuerzas políticas a buscar puntos de encuentro adaptados a la realidad territorial.
En representación de UPL, Alicia Gallego González ha apoyado la iniciativa socialista tras denunciar el cierre de consultorios rurales en diversas zonas de la Comunidad. Igualmente, la procuradora ha advertido de la falta de ejecución inminente de la ley de puestos de difícil cobertura, el déficit de matronas respecto a las ratios recomendadas y el estado del hospital Santa Isabel de León.
Sin embargo, por el Grupo Parlamentario Vox, María Dolores Mateo Mateos ha criticado las propuestas del PSOE al considerarlas "impregnadas de carga ideológica". Durante su discurso, la procuradora ha cuestionado el modelo de gestión propuesto por la oposición, ha defendido la eficacia de la colaboración con la sanidad privada y ha pedido centrar los recursos en la atención sanitaria y el apoyo a la maternidad sin atender a disputas políticas.
Por último, el representante del Grupo Parlamentario Popular, José María Eiros Bouza, ha ratificado el voto en contra de su formación e ha atribuido las deficiencias del sistema a la falta de financiación y de profesionales por parte del Gobierno central.
A su vez, el procurador 'popular' ha puesto en valor los datos del Barómetro Sanitario y de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, que sitúan a Castilla y León entre las comunidades "con mayor satisfacción de los usuarios".
LA MOCIÓN
En la moción, el PSOE ha requerido a la Junta ejecutar en un plazo de tres meses el plan de choque anunciado por el propio Ejecutivo regional. Asimismo, la propuesta solicita mayor transparencia sobre los tiempos reales de demora en las pruebas diagnósticas, el número de pacientes sin cita asignada y los costes asociados a la derivación de asistencia hacia centros de la sanidad privada.
En relación con el personal y la atención primaria, la procuradora ha reclamado el cumplimiento del compromiso de atención en 48 horas, junto a la aplicación de la ley de plazas de difícil cobertura aprobada en diciembre de 2025. Igualmente, la moción pide la publicación de un mapa de vacantes y necesidades de plantilla, tras defender que la gestión y organización del personal del Sacyl es competencia exclusiva de la Administración autonómica.
Por último, el Grupo Socialista ha demandado la rendición de cuentas sobre los 13 compromisos en materia de salud mental acordados en el Parlamento autonómico y el refuerzo de sus equipos comunitarios. La propuesta plantea además garantizar la equidad en la atención a la salud de las mujeres entre el ámbito rural y urbano, así como asegurar el ejercicio de la interrupción voluntaria del embarazo en los centros públicos de la Comunidad.
