El consejero de Fomento ve "un posible conflicto de inconstitucionalidad" porque regula aspectos de competencia autonómica
VALLADOLID, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -
El consejero de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha asegurado que no le "suena bien" la música "intervencionista" que considera que tiene la iniciativa del Gobierno de España para la futura Ley de Vivienda, mientras que el alcalde de Valladolid ha considerado "loable" su contenido y se ha definido como "intervencionista convencido".
Ambos representantes han coincidido en la visita a la obra de rehabilitación del antiguo edificio de viviendas de la Guardia Civil de Puente Colgante, en Valladolid, donde han sido preguntados por el acuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos para una nueva Ley de Vivienda que plantea aspectos como el recargo en la tributación a "grandes propietarios" de pisos.
El primero en responder ha sido el regidor socialista y posteriormente, el consejero 'popular' ha señalado que no tiene "la misma opinión", por lo que se ha improvisado un debate entre ambos representantes, que han expresado sus diferentes posturas.
El consejero de Fomento y Medio Ambiente, aunque ha señalado que coincide con "las bases" de que el acceso a la vivienda, "sobre todo para los jóvenes", sea "fácil, razonable, apoyado y que haya un mercado de alquiler asequible", pero ha considerado que se trata de un anuncio con "flashes" que deja, en su opinión, "una música que no suena nada bien, suena intervencionista y de merma de la libertad".
Suárez-Quiñones ha defendido que España es "un país de derechos, de libertades", por lo que ha recalcado que la Junta de Castilla y León estará "totalmente en contra" de las medidas que "consigan su objetivo mediante una merma de libertad, de restringir e intervenir" y que, en este caso, plantee que los propietarios son "los ricos".
De hecho, ha advertido de que observa "un posible conflicto de inconstitucionalidad" en una Ley que "entraría a regular aspectos que corresponden a las autonomías", pues esas competencias son autonómicas, "no del Gobierno de España", que ha apuntado que "solo tiene una competencia muy genérica de garantía de los derechos".
Suárez-Quiñones ha defendido que la política de vivienda "debe ir por la vía de la incentivación, de regular el mercado mediante apoyos y ayudas, que es lo que hace la Junta" con el objetivo de "dar seguridad al mercado de alquiler", algo que ha afirmado que en Castilla y León ha "conseguido que no se dispare el precio como en otros lugares".
El alcalde de Valladolid ha coincidido con Suárez-Quiñones en que algunas de las medidas que se que se ponen encima de la mesa tienen "un afán intervencionista", pero él se ha definido como "un intervencionista convencido", al tiempo que ha defendido que en este tipo de políticas sí que hay "ideología".
Por ello, ha defendido que su principal misión como poder público es "intervenir en la realidad para cambiarla", y por ello ha considerado positivo "todo lo que contribuya a facilitar el ejercicio de un derecho que no esté garantizado, como es el de la vivienda en el país".
Eso sí, el regidor ha matizado que se puede discutir sobre las fórmulas posibles, pues existen actuaciones que ya se realizan como la compra de vivienda para destinarla al parque público, por parte del Ayuntamiento, o la rehabilitación de edificios como el que han visitado hoy por parte de la Junta, o las ayudas al alquiler.
Eso sí, ha añadido que hasta ahora no se había "explorado" la vía de "controlar los precios por la vía de intentar evitar la especulación", algo que le parece "loable" mediante un incremento fiscal para las viviendas vacías de grandes propietarios.
"Hay que intentar que las fórmulas respeten a la legalidad y respeten los derechos de los propietarios para que la vivienda no se convierta en un negocio especulativo, porque entronca con los derechos de la ciudadanía", ha matizado.
En una intervención que Suárez-Quiñones ha definido en tono jocoso como "dúplica", el consejero ha señalado que no apoya el intervencionismo "como modelo general" que afecte a los derechos de los ciudadanos, pero sí que lo considera adecuado para corregir las distorsiones del mercado en favor de la igualdad".
