BURGOS 19 Oct. (EUROPA PRESS) -
Un total de 24 familias pertenecientes al bloque de 108 viviendas de alquiler situadas en Las Calzadas, en Burgos --originalmente promovidas por la antigua Caja de Ahorros Municipal--, han formalizado este lunes el envío masivo de burofaxes "con certificación de contenido" para exigir a la nueva empresa propietaria del inmueble, Altexa, una prórroga de dos años en sus contratos de arrendamiento al amparo del último Real Decreto en materia de vivienda.
Según ha explicado Carmen María Pérez, una de las portavoces de las familias afectadas, un total de 24 inquilinos cuyos contratos vencen antes del 31 de diciembre de 2028 han firmado ya esta solicitud formal.
El trámite, realizado con el apoyo técnico y logístico del Sindicato de Vivienda de Burgos, busca frenar las intenciones de la propiedad de no renovar los alquileres e iniciar procesos de desahucio.
Buscan "un balón de oxígeno" ante la "absoluta incertidumbre" que viven desde que la finca se vendió en mayo", ha señalado Pérez.
La afectada ha recordado que el bloque alberga a perfiles muy diversos, desde familias jóvenes hasta unos 30 vecinos con contratos renta antigua o indefinidos, entre los que se encuentran personas de avanzada edad, con casos "de hasta 102 años que llevan residiendo en el inmueble desde la década de 1950".
FALTA DE INTERLOCUCIÓN
Los vecinos denuncian la "opacidad" y el "desinterés" de la nueva propiedad para entablar un diálogo directo. Salvo una única videollamada mantenida en el mes de julio, la empresa no ha vuelto a contactar con la comunidad.
De hecho, los afectados aseguran que han tenido conocimiento de la retirada de un expediente de desahucio anterior mediante comunicaciones indirectas.
La situación, indican, se ha complicado al intentar notificar formalmente las solicitudes. Tras enviar varios burofaxes a la sede social de Altexa que fueron devueltos con la indicación de "domicilio desconocido", las familias han tenido que dirigir los requerimientos a la figura del apoderado legal que les facilita las cuentas para el pago del alquiler.
Pérez ha recordado que llevan "décadas pagando" sus rentas y se han encontrado que vendieron las casas a una empresa "con un capital social mínimo".
Mientras tanto, varios de sus pisos ya están "anunciados en portales inmobiliarios", ha lamentado la portavoz.
MESA DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA
Por su parte, el Sindicato de Vivienda de Burgos ha remarcado que el objetivo prioritario tras esta fase de alegaciones individuales es forzar a la propiedad a sentarse en una mesa de negociación colectiva.
Explican que aunque la empresa manifestó inicialmente su intención de tratar cada caso de forma individualizada, el colectivo vecinal busca unificar la interlocución con el respaldo de asesoría jurídica para garantizar la renovación unánime de los alquileres bajo los plazos máximos que contempla la legislación actual, siete años más tres de prórroga.
Mientras se resuelve la recepción de los burofaxes y la respuesta de la propiedad, la plataforma de afectados mantendrá las movilizaciones y el seguimiento caso por caso para evitar cualquier orden de lanzamiento judicial en los próximos meses.
