El Consell de la República impulsa una querella contra el expresidente de la AN José Ramón Navarro

BARCELONA, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consell de la República ha impulsado una querella criminal contra el expresidente de la Audiencia Nacional (AN) José Ramón Navarro y tres otros magistrados por revelación de secretos tras presuntamente filtrar la absolución del Mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, de un delito de sedición por el 1-0.

La denuncia, presentada el 21 de julio a través de las entidades Atenes y Querellants per la República y a la que ha tenido acceso Europa Press, llega tras la filtración de unos mensajes del exministro de Transportes José Luis Ábalos en los que supuestamente en agosto de 2020 recibía un mensaje del entonces presidente Navarro donde le advertía de la condena absolutoria a Trapero por los hechos del 20 y 21 de septiembre de 2017 y del 1-O del mismo año.

En un comunicado este martes, el Consell de la República alega que se producen dos presuntos delitos: el primero, cuando un miembro de la sala que juzgaba a Trapero y la cúpula de Interior revela a Navarro el sentido de la sentencia y la fecha de la publicación; el segundo, cuando Navarro presuntamente le transmite la información a Ábalos.

La entidad que dirige Jordi Domingo señala que la querella se presenta por dos supuestos delitos de revelación de secretos del artículo 417 del Código Penal, que comporta una pena de multa de 12 a 18 meses e inhabilitación especial por trabajo o cargo público de 1 a 3 años.

El escrito pide al Tribunal Supremo el interrogatorio de los querellados, en los que se incluyen a los entonces también magistrados de la Audiencia Nacional Concepción Espejel, Francisco Viera y Ramón Saéz; el testimonio de los periodistas que publicaron los mensajes, y la reclamación de los informes del sumario de la causa de la trama que implica a Ábalos en el que constan dichos mensajes.

ATACA "INTERESES PÚBLICOS"

"Esta actuación no sólo vulnera el principio de separación de poderes, sino que supone una instrumentalización inaceptable de la justicia con fines políticos", han apuntado.

En la querella, ambas organizaciones defienden que la acusación popular se constituye por tratarse de un delito de carácter público, que "ataca los intereses colectivos" y no únicamente a un perjudicado concreto.