BARCELONA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (Csif) ha presentado este jueves un conjunto de instrumentos para los funcionarios catalanes con el objetivo de "protegerles ante órdenes de dudosa legalidad en el proceso soberanista", ha explicado el presidente del sindicato, Miguel Borra.
En rueda de prensa en Barcelona, ha explicado que ofrecen formularios para pedir las órdenes por escrito, modelos de denuncias ante los órganos de inspección y Fiscalía, una línea de consulta jurídica y un seguro para casos de suspensión de empleo y sueldo.
El seguro, contratado con la compañía Arag, sirve tanto para suspensiones ordenadas por el Estado como la Generalitat, y la cuota la pagará Csif en el caso de sus afiliados.
El objetivo de todo ello es "que los funcionarios no tengan que pagar los platos rotos de malas actuaciones", porque hagan lo que hagan pueden verse penalizados por el Gobierno central o por la Generalitat.
"Los funcionarios no estamos para interpretar las leyes, sino para cumplir el ordenamiento vigente", ha aseverado, y ha dicho que han recibido decenas de preguntas y llamadas de funcionarios con dudas, preocupados, porque la inseguridad genera intranquilidad.
Borra ha indicado que el funcionario, ante una orden, debe cumplirla porque así lo marca la ley, salvo que la orden sea de manifiesta ilegalidad, es decir, que no requiere debate jurídico para interpretar la norma, como serían órdenes referentes a la declaración de desconexión aprobada por el Parlament y suspendida por el Tribunal Constitucional.
Ha añadido que si el funcionario recibe una orden sobre la que duda de su legalidad, por ejemplo respecto a impuestos o competencias de la Seguridad Social que no recoge el Estatut, puede "blindar" su actuación solicitándola por escrito, y entonces, por normativa, al pie del escrito debe aparecer a qué órgano se puede recurrir y debe hacerlo, con capacidad de hacerlo por la vía administrativa y la judicial.
Csif es el sindicato más representativo en el conjunto de las administraciones públicas de España, aunque no en Catalunya, donde cuenta con entre 6.000 y 7.000 afiliados, con fuerte representación en justicia, prisiones y universidades y presencia en la Mesa de personal técnico y administrativo de la Generalitat.
La entidad, que ha celebrado en Barcelona una reunión de su Comité Ejecutivo Nacional, ha aprobado "seguir exigiendo" al Gobierno de Catalunya recuperar las condiciones laborales y económicas recortadas durante la crisis en mayor grado que en otras comunidades y la administración central.
