La administración contrató a una empresa de vigilancia que nunca operó, y el clan 'Los Manolos' cobró el trabajo en efectivo
BARCELONA, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -
Dos de los cuatro acusados de un presunto delito de prevaricación administrativa por una trama de falsas contrataciones en 2016 en el barrio de La Mina, en Sant Adri del Bess (Barcelona) han reconocido este martes en la Audiencia de Barcelona los hechos por los que les acusa la Fiscalía y en los que están supuestamente implicados un clan familiar y un concejal del Ayuntamiento.
Estos dos acusados son el patriarca del clan 'Los Manolos', Ángel Amaya, conocido como Tío Cristina y que ha declarado en el juicio que se encargó de la vigilancia de varios edificios vacíos propiedad del Consorci del Barri de la Mina, y el titular de la empresa adjudicataria del servicio anteriormente J.F.F., que ha explicado que no pudo presentarse de nuevo al concurso por impagos a Hacienda.
Así, el Consorci del Barri de la Mina licitó un nuevo contrato, que esta vez concedió a la empresa Visegurity, si bien nunca prestó el servicio, que en la práctica estuvo a cargo de Ángel Amaya, que marcó las puertas de las viviendas con la inscripción 'Control los Manolos - Tío Cristina' para disuadir posibles ocupaciones, según afirma la Fiscalía y han corroborado los dos acusados.
Los otros dos acusados en la causa son el segundo teniente de alcalde de Sant Adri, Juan Carlos Ramos, y el que era administrador de Visegurity J.R.F., que al no admitir los hechos como los otros dos, declararán en la recta final del juicio.
La fiscal considera que el engaño fue posible presuntamente por la participación de Juan Carlos Ramos, concejal de Sant Adri del Bess y vicepresidente de la comisión ejecutiva del Consorci del Barri de La Mina, que firmó los contratos con Visegurity y "autorizó tácitamente que las vigilancias se hicieran" al margen de la empresa, y el Ministerio Fiscal acusa de pagar en efectivo a Amaya por las vigilancias.
De acuerdo con la investigación, el exadjudicatario J.F.F. recibía cada mes una transferencia a modo de comisión, a la vez que él entregaba una parte al concejal para que la hiciera llegar al patriarca.
Con este método, la Fiscalía calcula que la empresa pantalla, Visegurity, recibió 153.679 euros en 14 meses, y Ángel Amaya unos 2.000 euros al mes.
DESTAPADO EN UNA INVESTIGACIÓN POR DROGAS
Durante la primera sesión del juicio, un agente de la División de Investigación Criminal (DIC) de los Mossos d'Esquadra ha explicado que las primeras sospechas de estos hechos empezaron durante una investigación relacionada con el tráfico de marihuana en la zona.
Por esta investigación, escucharon las llamadas de Amaya, y encontraron conversaciones en las que reclamaba una deuda y amenazaba que, si no se le pagaban, haría que se ocuparan los pisos que vigilaba.
Otro mosso que participó en la investigación ha explicado ante el tribunal que esos edificios "llevaban más de cinco años desocupados, vigilados por toxicómanos, extranjeros, gente humilde del barrio, que cobraba 800 euros por trabajar 12 horas diarias" a sueldo del clan Los Manolos.
También ha declarado como testigo este martes el mosso que en el momento era el jefe de la unidad central Anticorrupción del cuerpo, quien ha sostenido que todo el entramado se hizo para dar "apariencia de legalidad" al considerar que la única forma de evitar ocupaciones era pagar a Amaya, y ha aclarado que no tienen pruebas de que el concejal también se quedara una parte del dinero.
