Cs, PSOE, CatECP, CUP y PP ven falta de ética en que no se abstuviera de dar visto bueno a contratos
BARCELONA, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -
El exjefe de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (Dgaia) de la Generalitat Ricard Calvo, que dimitió en 2017, ha asegurado que no participó en mesas de contratación, que solo firmó para dar el visto bueno a informes y que nunca se le advirtió de que pudieran haber incompatibilidades en contratos con empresas en las que participó anteriormente.
Lo ha dicho este miércoles en comisión parlamentaria, en una comparecencia que pidieron los grupos de PSC-Units y Cs para explicar contrataciones públicas durante su mandato (2016-2017) a Plataforma Educativa y fundaciones de ésta como Fasi, Resilis y Gentis, en las que trabajó anteriormente, tras una denuncia de CGT y CUP en 2017.
"Mi papel en todas las adjudicaciones, fueran cuales fueran, no fue otro que el que era indelegable", ha dicho, asegurando que no participó en ninguna mesa de adjudicación ni en ningún cambio de criterios de evaluación, y que la firma que aparece en contratos era un elemento de control administrativo para dar el visto bueno, sin validez jurídica.
Después de que Cs, PSOE, CatECP, CUP y PP le hayan cuestionado la ética de su participación en estos procesos, y si por las actuales leyes de incompatibilidades no se planteó evitar participar, ha asegurado que no fue informado de la posibilidad de delegar o inhibirse, ni fue advertido de posibles incompatibilidades.
TRAS DEJAR EL CARGO
A preguntas de si tras la dimisión, volvió a fundaciones que recibieron contratos de la Dgaia, ha respondido: "Mi trabajo actual está en una asociación de entidades para desarrollar procesos de cooperación sin ninguna responsabilidad de ninguno de los expedientes que pasaron por la Dgaia" durante su mandato, sin especificar quién lo ha contrata actualmente.
Sobre esas fundaciones, ha dicho que al decidir formar parte de la política, en 2015 salió del patronato de Plataforma educativa, "el único en el que estaba", y ha reiterado que era una ONG con proyectos de cooperación e investigación, y que no gestiona servicios de la Dgaia.
Ha afirmado que tenía muy claro que al salir del sector público se le observaría en lupa, por lo que en agosto de 2017 pidió a Función Pública de la Generalitat dónde podía ir y, al cabo de un tiempo, realizó otra demanda, aunque no era necesaria, y el ente emitió un dictamen que decía que "podía ocupar puestos que no tuvieran relación con expedientes" dados durante su mandato --que ha leído pero ha rechazado mostrar a los periodistas--.
Según informaciones de la CGT, una empresa mercantil alquila pisos que quintuplican el precio de mercados a una fundación, y actualmente el Juzgado de Instrucción 24 de Barcelona tiene diligencias abiertas por presuntas irregularidades en alquileres de pisos durante la gestión de Calvo, pero el excargo ha asegurado que no ha sido citado por juzgados.
Sobre Fasi, ha asegurado que se creó en 2010 con un patronato formado por representantes de entidades y su funcionamiento era como el de un ente público, pero ha asegurado que él no formaba parte del patronato: "No me dedicaba a nada relacionado con pisos de alquileres y todo esto".
"Según el tema de la ética, el debate tendría que ser mucho más profundo y el contexto no creo que sea el idóneo" para hablar de temas de ética, aquí, pero creo que es un tema del que no se me puede cuestionar" y cada uno es garante de su ética, ha dicho, asegurando que se considera activista social y que durante su cargo se avanzó en transparencia.
PREGUNTAS DE LOS GRUPOS
La diputada de Cs Noemí de la Calle ha asegurado que Calvo es cabeza de turco de "corrupción en ERC", y se ha preguntado si es fraude a la administración el hecho de que haya una empresa mercantil, Casa Equipaments, que alquilaba pisos para menores con precios desorbitados a Fasi, fundación que es a su vez su administrador único.
Desde el PSC, Beatriz Silva se ha preguntado si le pareció ético participar con su firma en estos contratos y por qué no se abstuvo, a lo que el socialista Raúl Moreno ha recordado que se informa de esta posibilidad de inhibirse al ser concejal --cargo que ocupó antes Calvo--, y se ha mostrado sorprendido que desde ERC no se le haya hecho una mayor defensa.
Marta Ribas (CatECP) ha coincidido en considerar poco ético no haberse abstenido, y ha añadido que la ley de incompatibilidades es "clarísima" y especifica que un cargo no puede trabajar en una empresa que ha recibido adjudicaciones hasta dos años después, y ha cuestionado que sea ética y estética su relación con estas entidades tras ser nombrado.
La diputada de la CUP Maria Sirvent ha dicho que Calvo sabía que sus actuaciones "no solo no estaban ajustadas a la legalidad, sino que tampoco eran éticas", asegurando que estas fundaciones recibieron encargos de 100 millones de euros, y le ha cuestionado si se considera activista permitiendo sueldos de 100.000 euros para gerentes.
Santi Rodríguez del PP ha coincidido en que tendría que haberse abstenido y ha dicho que no ha convencido con sus argumentos ni ha dado una respuesta satisfactoria.
Desde ERC, Marta Vilalta ha acusado a Cs de "demagogia y cinismo", y ha agradecido a Calvo sus explicaciones, mientras que ha reiterado la voluntad de su grupo de trabajar por la transparencia, y ha criticado el discurso que ve como mejores cargos personas que salen del sector y que a la vez se cuestione que hayan ostentado cargos en éste anteriormente.
Saloua Laouaji (JxCat) ha asegurado que la situación actual corresponde a la justicia y ha confiado en la gestión de Calvo, a la vez que ha hecho referencia a los políticos presos que están siendo juzgados en el Tribunal Supremo por el 1-O, entre los que está Bassa, recogiendo el recuerdo que ha hecho Calvo y Vilalta.
