Ginesta defiende que la abstención ante incompatibilidades es "inherente a los deberes" de alto cargo
BARCELONA, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -
El secretario general de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de la Generalitat, Josep Ginesta, ha explicado este miércoles que han iniciado los trámites para personarse como acusación en la causa judicial abierta en un juzgado de Barcelona por la gestión del exjefe de la Dirección General de Atención a la Infancia y Adolescencia (Dgaia) Ricard Calvo.
Lo ha dicho en comisión parlamentaria, en la que ha intervenido junto al secretario de Asuntos Sociales y Familias, Francesc Iglesies, después de que haya comparecido Calvo a petición de PSC-Units y Cs para explicar contrataciones públicas durante su mandato (2016-2017) a entidades con las que tuvo vinculación.
En declaraciones a los medios, han afirmado que el departamento fue proactivo con la Oficina Antifrau de Catalunya (OAC), que posteriormente les requirió información, y que en abril les requirieron información de un juzgado del Vendrell, que en juicio envió más requerimientos.
"No nos corresponde como departamento en este momento hacer juicios de valor", ha dicho Ginesta, pero ha defendido que la Conselleria ha actuado administrativa y políticamente, con los procedimientos que prevé la ley, con la apertura de un expediente de información reservada cuando conocieron el caso, pero que se tuvo que suspender al iniciarse acciones judiciales.
También han colaborado con formación en respuesta a dos requerimientos que han recibido, uno en junio de 2018, de un juzgado de instrucción del Vendrell (Tarragona) --sobre el que desconoce si sigue el procedimiento-- y otro en agosto, de la OAC --con la que anteriormente ya primero fueron proactivos--, mientras que en 2018 también les requirió información el Protectorado de Fundaciones.
ACTUARÁN EN CONSECUENCIA
"Una vez tengamos las resoluciones administrativas y judiciales, alrededor de lo que haya podido pasar, no duden de que actuaremos en consecuencia, como no podía ser de otra forma", ha afirmado ante los grupos parlamentarios, subrayando que es un asunto en el que hay intereses importantes como son los de los menores.
El juzgado de Instrucción 24 de Barcelona tiene diligencias abiertas por presuntas irregularidades en alquileres de pisos durante la gestión de Calvo, según informaron fuentes judiciales, y un portavoz de Calvo ha asegurado a Europa Press que no se le ha citado en calidad de investigado por ningún juez.
En la comisión, Calvo ha defendido antes que no participó en mesas de contratación, y que, aunque sí que firmó para dar el visto bueno, no estaba informado de que podía abstenerse por incompatibilidades, y también ha dicho que consultó a Función Pública si podía trabajar en su puesto actual tras dimitir, y le contestaron que podía mientras no fuera con expedientes de contratos de la Dgaia.
CONSULTAR A UN SUPERIOR ANTE DUDAS
Ginesta ha asegurado que el exdirector firmó la adhesión como alto cargo, que recoge las incompatibilidades, el deber de abstención es "inherente a los deberes que tiene un alto cargo", que debe aplicarlo cuando cree que puede haberlo o consultar a un superior ante la duda, como indica la ley.
El secretario general ha dicho que está pendiente evaluar si se produjo incompatibilidad legal sobre el puesto que ocupó tras dimitir, y ha añadido que, cuando en enero de 2018 se publicó en medios que volvía a una de las entidades en las que trabajó, le enviaron un requerimiento, al que Calvo respondió que no tiene ninguna relación profesional con Plataforma Educativa, "ni contractual ni de otro tipo".
Ha admitido "luces y sombras" en la ley de incompatibilidades, ya que uno puede volver a una empresa siempre y cuando no intervinieran expedientes de contrataciones públicas, lo que da lugar a interpretaciones.
Por su parte, Iglesies ha afirmado: "Todos los expedientes de contratación se han hecho con expedientes abiertos y en ningún caso Ricard Calvo participó en mesas de contratación".
Ha observado que el presupuesto de la Dgaia supera los 250 millones de euros anuales, que hay más de 29 entidades que facturan más de un millón de euros, pero que "no hay empresas con fórmula jurídica mercantil".
El secretario ha señalado que el de protección a menores es en un sistema público de provisión mixta debido a que el sector está configurado como un gran tejido asociativo, ha dicho, a la vez que influye la necesidad de cubrir emergencias como la de los menores no acompañados (Mena) con procedimientos rápidos.
Ha señalado que al aplicarse una directiva europea durante el mandato de Calvo, la Dgaia pasó de hacer 237 sin publicitar y 68 en contrataciones abiertas en 2015, a 32 cerrados y 138 publicitados dos años después, invirtiéndose la situación a favor de la transparencia gracias a que la Generalitat adoptó esta directiva, aunque no lo había hecho el Estado.
