Recasens asegura que no existen pruebas con las que abrir una investigación formal
BARCELONA, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -
El comisionado de Seguridad de Barcelona, Amadeu Recasens, ha asegurado este miércoles que no existen pruebas de que dos educadoras municipales avisaran a vendedores de 'top manta' de una operación policial, por lo que ha descartado investigar los hechos, aunque lo han pedido grupos de la oposición.
La comisión ha aprobado una propuesta del PDeCAT para pedir a la alcaldesa, Ada Colau, abrir un expediente interno para aclarar los hechos, algo que han apoyado también Cs, el PSC y el PP, y que han rechazado el Gobierno de BComú y también ERC, la CUP y el concejal no adscrito, Joan Josep Puigcorbé.
La proposición aprobada también pide que el Ayuntamiento presente un informe en los próximos dos meses y que lleve los hechos a evaluación de la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno, aunque Recasens ha descartado abrir una investigación y, en una comparecencia solicitada por el PP, ha tachado de muy graves estas acusaciones.
"El afán de atacar al Gobierno con teorías conspirativas no lo comparto ni lo avalo", ha aseverado el comisionado, que ha remarcado que no hay pruebas ni imágenes que muestren nada más que las educadoras hablando con los vendedores, y ha asegurado que, si hubiera pruebas, él mismo habría sido el primero en solicitar un expediente.
El comisionado ha defendido que, para abrir una investigación, se requieren pruebas que en este caso no existen, y ha alertado a la oposición de que, si se abriera una investigación formal, también se debería ampliar a "los que difunden rumores y calumnias".
EXIGENCIAS DE PDECAT Y PP
El líder municipal del PP, Alberto Fernández, ha lamentado al pedir la comparecencia que no se hayan investigado formalmente los hechos, porque podrían representar delitos graves: "Mejor que hagamos la investigación aquí, que no tener que recurrir a instancias judiciales para clarificar lo que ustedes no están clarificando".
Jordi Martí (PDeCAT) ha pedido esta investigación para aclarar unos hechos que se enmarcan en un contexto en el que "ha habido una sombra de duda ante ciertas actitudes de miembros del Gobierno y de grupos municipales muy cercanos" a entidades que defienden intereses de vendedores del 'top manta'.
CRÍTICAS Y COMPRENSIÓN
Paco Sierra (Cs) ha acusado a Colau de haber convertido la ciudad en un escaparate para que las mafias vendan sus productos ilegales, por lo que cree que es su cómplice, y el republicano Jordi Coronas ha rechazado criminalizar a las educadoras sociales --ha dicho que podría llegar a entender que hubieran avisado--, cuando lo que ha habido han sido malas políticas, según él.
La socialista Carmen Andrés ha sostenido que el Gobierno municipal no investiga por prejuicios, mientras que Maria Rovira (CUP) vería "normal" que las educadoras sociales hubieran avisado a los vendedores si llegaran agentes de la Guardia Urbana --que en ocasiones vulneran derechos de los vendedores, según ella--, y Puigcorbé ha dicho que las acusaciones tienen poca lógica.
