El Govern acuerda que las obras de Sijena no puedan salir de Catalunya sin su autorización

BARCELONA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha acordado en su reunión de este martes que los bienes del Monasterio de Sijena no puedan salir del Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) y del Museu Diocesà de Lleida sin la autorización del conseller de Cultura de la Generalitat, Santi Vila.

En la rueda de prensa posterior al Consell Executiu, la consellera de Presidencia, Neus Munté, ha defendido que esta decisión está avalada por el Estatut de Catalunya y por la ley del patrimonio catalán: "Estamos habilitados para proteger estos bienes".

El Govern también ha tomado esta decisión, según alega, en virtud de la Sentencia del Tribunal Constitucional 6/2012 que señaló que la competencia relativa a la protección de los bienes histórico-artísticos procedentes de Sijena que se encuentran en Catalunya "corresponde a este territorio".

Asimismo, la Generalitat ha alegado en su acuerdo de este martes que tiene la "competencia exclusiva" en la protección del patrimonio cultural catalán, lo que incluye la conservación, la reparación, el régimen de vigilancia y el control de bienes.

El Gobierno catalán también ha recordado que las obras procedentes de Sijena forman parte del fondo museístico del MNAC y tienen la consideración de Bien Cultural de Interés Nacional, y las del Museu Diocesà de Lleida están catalogadas como colección desde 1999.

HECHOS DEL 36

Las pinturas murales románicas de Sijena fueron extraídas y restauradas en 1936 por el historiador del arte y responsable de salvamento de patrimonio durante la Guerra Civil Josep Gudiol, tras un grave incendio provocado por un grupo anarquista.

La acción de Gudiol se hizo con la ayuda de habitantes del pueblo aragonés, que en ese momento pertenecía a la Diócesis de Lleida, y tras los daños sufridos por los frescos éstos fueron restaurados en el Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC).

Actualmente se dirime ante los tribunales una demanda del Gobierno de Aragón contra el MNAC, el Estado y la Generalitat sobre la propiedad de las obras y en la que se pide su retorno a la zona de origen.