El Govern presentará requerimiento al recargo estatal por la demora de pagos a la Seguridad Social

BARCELONA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Govern, Francesc Homs, ha explicado este martes que presentarán un requerimiento ante el Ministerio de Trabajo, previo a la presentación de un recurso de inconstitucionalidad, contra el recargo del 20% "impuesto" por el Estado por los retrasos en los pagos de las cuotas de la Seguridad Social.

En rueda de prensa tras el Consell Executiu, ha recordado que la normativa establecía hasta ahora una secuencia escalonada de recargos si había retrasos en el pago de las cuotas de la Seguridad social por parte de la Generalitat, y que ahora se encuentran con la "paradoja" de una cifra que alcanza el 20% desde el primer día.

"Esto nos ha llevado este mes a una situación sorprendente que genera indignación", ha sostenido Homs, tras recordar que, al no haber podido acceder al dinero del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) el día 1 de octubre, no han podido pagar las cuotas y ahora se encuentran con una penalización de 24 millones de euros.

Mientras que la anterior legislación concretaba un porcentaje escalonado de recargos conforme los meses de demora --en el primer mes era del 3%, el segundo del 5%, el tercero del 10% y el cuarto del 20%--, a mediados de julio el Gobierno aprobó una modificación que estableció la multa del 20% desde el primer retraso.

A finales de julio, la Generalitat pidió al Estado posponer el pago de las cuotas de los meses de junio y julio con el compromiso de que cuando recibiera el dinero del FLA atendería el pago de las cuotas y los intereses de demora, demanda que el Gobierno rechazó.

Homs ha remarcado que el Gobierno debe dinero a Catalunya de partidas como la disposición adicional tercera del Estatut, entre otras, por lo que "nadie puede entender y no tiene sentido" que les impongan este tipo de recargos cuando es consecuencia del retraso del pago del FLA.

También ha reivindicado el derecho del Govern a defenderse, alegando que creen que les amparan "razones técnicas, jurídicas y de sentido común" al presentar este requerimiento al Ministerio de Trabajo.

Para argumentar su posición, ha explicado que cuando una empresa está en concurso de acreedores tiene opciones de negociar los pagos de la Seguridad Social y se acaba llegando a acuerdos: "Si esto es posible en el mundo empresarial, intentaremos que sea posible en la administración pública"