Velará por que administraciones y leyes "no contribuyan" a la violencia
BARCELONA, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Conselleria de Igualdad y Feminismos de la Generalitat reactivará y reformulará el grupo de trabajo sobre violencia institucional contra las mujeres de la Comissió Nacional per a una Intervenció Coordinada contra la Violncia Masclista para garantizar la efectividad de los derechos de las mujeres a vivir libres de violencias machistas y asegurar la actuación con diligencia debida de todos los poderes públicos.
Para ello, se establecerá una coordinación interinstitucional que mejore la intervención y la protección y que desarrolle todas aquellas medidas que garanticen una reparación integral previstas en la ley del derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista, ha informado este martes el Govern.
El grupo de trabajo velará para que ni las administraciones ni las instituciones públicas, así como las leyes, "provoquen o contribuyan a la violencia contra las mujeres ni a su revictimización".
El acuerdo de Govern también prevé iniciar, en el plazo más breve posible, la evaluación diagnóstica integral sobre la victimización de las mujeres y sus hijos, incluso los circuitos de abordaje de la violencia machista, para facilitar el establecimiento de los criterios sobre la aplicación de la diligencia debida en términos de prevención y garantías de no repetición.
En la evaluación diagnóstica será necesario tener en cuenta los diferentes ejes de desigualdad desde una perspectiva interseccional que pueden añadir más discriminación y revictimización a las mujeres.
El departamento iniciará la evaluación anual de victimización de las mujeres y sus hijos en los procesos judiciales, tal como prevé la ley, profundizando en los prejuicios y estereotipos de víctima y sus consecuencias.
El acuerdo de Govern también prevé definir el modelo de atención a las violencias machistas, previsto en la ley, para recoger los aspectos técnicos y organizativos necesarios para implantarlo, y se definirán las medidas de reparación por los actos de violencia institucional ocurridos, incluyendo la anulación del acto siempre que sea posible así como la revisión de la práctica que dio pie a la violencia institucional.
El protocolo de modelo de atención debe establecer el apoyo a ofrecer a las mujeres que decidas iniciar un procedimiento de reclamación de responsabilidad, así como asentar una cultura de redención de cuentas en las intervenciones y políticas públicas.
