Plantea incluir sanciones si no se firma el compromiso contra la discriminación
BARCELONA, 13 May. (EUROPA PRESS) -
El pleno del Parlament ha aprobado este jueves crear una comisión de estudio sobre "el racismo institucional y estructural" en Catalunya, propuesta que han promovido ERC, Junts, la CUP y comuns, y que ha apoyado también el PSC-Units, mientras que Vox y PP lo han rechazado y Cs se ha abstenido.
El Parlament, que en la pasada legislatura disponía de una comisión sobre racismo en la gestión de la seguridad, también ha aprobado una propuesta de resolución de rechazo a los discursos de odio y de compromiso por una "Catalunya de derechos y libertades, diversa y cohesionada", que han apoyado todos los grupos excepto Vox y Cs.
La propuesta, promovida en el marco del "pacto antifascista" para minimizar la presencia de Vox en la Cámara, incluye la voluntad de reformar el reglamento del Parlament para incluir sanciones si no se firma el compromiso contra la discriminación y el acoso --algo que no han hecho los diputados de Vox--, ante lo que el PSC ha presentado una enmienda que no ha prosperado, por lo que se ha abstenido en este punto, mientras que Cs, PP y Vox han votado en contra.
Con la propuesta aprobada, el Parlament se reafirma en su "vocación de continuar siendo un espacio de libertad y confrontación política, de ideas y de diálogo, así como su compromiso en defensa de las instituciones propias y de la democracia", y muestra su voluntad de convertirse en un espacio libre de discursos de odio.
También quiere "blindarse ante apologías de la discriminación"; ratifica el compromiso para visibilizar la violencia machista y racista, y emplaza a la Mesa del Parlament a confirmar el calendario de conmemoraciones institucionales actuales, que incluye el recuerdo a las víctimas del Holocausto, el genocidio de pueblo gitano y la trata de esclavos.
Además, insta al Govern a combatir las ideologías que promueven el odio con un plan integral contra el racismo, la xenofobia y cualquier discriminación; desplegar un órgano por la igualdad de trato, y abordar las necesidades contra la exclusión de personas dependientes, con diversidad funcional y diferentes capacidades, algo que si ha apoyado Cs.
DEBATE PARLAMENTARIO
Pau Morales (ERC) ha resaltado que, si los impulsores de la propuesta han sido capaces de llegar a este acuerdo, también deben serlo para articular un Govern republicano: "Si la extrema derecha es la tercera fuerza en el Congreso, desgraciadamente es a causa de una repetición electoral frívola y absurda", ha dicho ante la posibilidad de repetir las elecciones catalanas por la faltar de acuerdo para investir presidente.
La diputada de Junts Aurora Madaula ha avisado de que la extrema derecha crece cuando no se la combate, y ha asegurado que "el Estado español es un terreno abonado para la extrema derecha", porque el franquismo pervive en las instituciones, según ella.
Desde la CUP, Basha Changue ha criticado la postura del PSC y les ha acusado de buscar "subterfugios para evitar formar parte de un muro democrático en defensa de los Derechos Humanos", aunque firmó los puntos del acuerdo que ha sido la base de esta propuesta, ha recordado.
La diputada de los comuns Jéssica González ha destacado que la propuesta aprobada no representa un "todos contra uno ni va contra siglas concretas, sino que combate los discursos de odio vengan de donde vengan", y ha asegurado que la situación que vive Colombia, donde nació ella, es producto de años de acción de la extrema derecha.
El socialista Ferran Pedret ha explicado que han presentado una enmienda ante la apuesta de reformar el reglamento porque cree que ya se dispone de herramientas para blindar la Cámara contra los discursos de odio --aunque están abiertos a debatirlo--, y ha avisado de que no sólo la extrema derecha promueve estos discursos de odio.
El portavoz de Vox en el Parlament, Joan Garriga, ha reprochado a los grupos independentistas promover estas propuestas cuando "son los mismos que hacen un cordón antidemocrático a Vox y declaraciones racistas", y ha dicho que para combatir el racismo institucional no hace falta una comisión, porque ya está en el artículo 14 de la Constitución.
Desde Cs, Nacho Martín Blanco ha negado que en Catalunya haya un problema de racismo institucional, sino de "hispanofobia institucionalizada aceptada por ciudadanos y clase gobernante", y ha avisado de que no admitirán premisas sectarias en la comisión de estudio.
La diputada del PP Lorena Roldán ha dicho a los partidos independentistas que se tiene que "ser muy atrevido para presentar estas propuestas y no ponerse ni colorado ante las barbaridades que han salido por la boca de sus cargos públicos", y les ha urgido a condenarlas para tener legitimidad para presentar estas propuestas.
