MADRID, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -
El portavoz del PP en la Comisión Constitucional del Congreso, Pedro Gómez de la Serna, ha pedido calma y esperar a que actúe el Estado de Derecho tras el proceso participativo del 9 de noviembre en Catalunya, y ha añadido que probablemente habrá imputaciones y "quien haya cometido un delito será juzgado y condenado".
En su opinión, esos delitos los podrían haber cometido "los responsables políticos y administrativos que hubieran colaborado en la cesión de colegios, locales públicos y medios públicos, en general, para la realización de esto que se ha llamado proceso participativo alternativo que no deja de ser una patochada", según ha dicho en declaraciones a la Cope recogidas por Europa Press.
Preguntado por las voces que, desde dentro del PP, han afirmado que el Gobierno podía haber hecho más para impedir la consulta, ha replicado que "siempre se puede hacer algo más, pero una cosa es eso y otra que se sienta desamparo".
Por eso, ha pedido esperar a la Justicia, que "siempre llega, a veces tarde pero siempre llega".
En todo caso, ha defendido que actuar "no era muy fácil", en parte porque la Generalitat había dicho que no se iba a apartar de la legalidad, y ha considerado que finalmente no fue un referéndum ni una consulta, y lo ha calificado de patochada.
"Por eso la Fiscalía ha abierto actuaciones y está investigando dónde, cuándo y quién cometió el delito si es que se cometió durante el desarrollo del 9N", ha explicado.
Para el diputado popular, "lo importante es que dos terceras partes (de los catalanes) han dado la espalda al proceso, por lo tanto ha fracasado internamente" y ha sostenido que el presidente catalán, Artur Mas, ha hecho el ridículo internacionalmente.
Además, De la Serna ha insistido en que la propia Ley Orgánica del Tribunal Constitucional le faculta para tomar medidas para garantizar que se cumplen sus resoluciones.
En ese sentido, ha precisado que el artículo 87.2 "obliga a los juzgados y tribunales ordinarios a prestar con carácter preferente y con urgencia el auxilio judicial que el Tribunal Constitucional le pueda solicitar para que sus mandatos se cumplan".
