BARCELONA, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -
Un centenar de representantes del mundo rural, entre alcaldes y propietarios de tierras y bosques, han protestado este martes ante el Parlament de Catalunya en contra de la aprobación de la Agencia de Patrimonio Natural, que se llevará al pleno el próximo 17 de junio, y que consideran que se ha planteado sin consenso con el territorio.
"Pedimos que se posponga la aprobación de la Agencia y que se interpele al territorio y a todos sus agentes para que se genere un debate amplio y un consenso mayor del que tenemos ahora", ha expresado el presidente del Consell Comarcal del Pallars Sobir (Lleida), Carles Isús, en declaraciones a los medios de comunicación.
"Hay una gran desinformación y, por lo tanto, si esta agencia tiene que existir, que sea con el consenso, debate y participación del territorio; queremos tener voz y voto en aquellas cosas que, de aquí en adelante, nos afectarán de manera directa", ha manifestado Isús, que ha acusado a la Generalitat de ningunear al entorno rural.
En este sentido, han pedido que se garantice una representatividad de los agentes del territorio de, al menos, el 50% en el futuro organismo y han reclamado que se conjugue la protección del medio con las necesidades de los habitantes del entorno rural, que consideran olvidadas en la actual propuesta.
"Debe quedar reflejado que estos ecosistemas que nosotros estamos cuidando desde hace siglos tengan un retorno en la calidad de vida de las personas que están en el territorio", ha sostenido el presidente de la Associació de Municipis de Muntanya y Síndic d'Aran, Francesc Boya, que ha lamentado la falta de medidas para combatir la despoblación en el medio rural.
CONTRA UN CONTROL CENTRALISTA
En un manifiesto remitido a la Generalitat y los miembros del Parlament, que los concentrados han leído este martes, los impulsores de la protesta han asegurado que "una nueva agencia sólo significará más burocracia y la imposición de nuevas y crecientes limitaciones al desarrollo económico y social de mundo rural al amparo de interpretaciones cada vez más rigoristas de las normas ambientales".
Así, consideran que la gestión del medio natural necesita de una visión "integradora y transversal" que cuente con ellos y aseguran que la actual propuesta no contempla medidas importantes para el medio rural como el cambio climático, la despoblación y la prevención de incendios forestales.
"No entendemos esta falta de confianza y tutelaje que nos quieren ejercer desde el Govern en cualquier cosa que podemos hacer en nuestro municipio, mientras permiten que grandes multinacionales construyan parques eólicos en nuestro territorio sin que nos dejen decir nada", ha censurado el alcalde de Montblanc (Tarragona), Josep Andreu.
EL GOVERN, ABIERTO A CAMBIOS
En una rueda de prensa celebrada este martes en el Palau de la Generalitat para informar de los acuerdos de gobierno, la portavoz del Govern y consellera de Presidencia, Meritxell Budó, ha indicado que el ejecutivo no puede modificar el calendario de aprobación de la Agencia, ya que esta tarea es responsabilidad del Parlament y "el debate y las conclusiones ya están a punto para ir a votación".
Con todo, Budó ha asegurado que el Govern "velará por tener en cuenta todas estas aportaciones, que a veces son malentendidos", y ha asegurado que si el Parlament aprueba definitivamente la creación de la agencia, tendrán en cuenta todas las preocupaciones y desplegarán el nuevo organismo teniendo en cuenta al territorio.
En este sentido, el conseller de Territorio y Sostenibilidad, Dami Calvet, de quién dependería la futura agencia, se ha comprometido en declaraciones a diversos medios de comunicación los últimos días a ampliar la presencia de los agentes rurales, y ha prometido poner en marcha un proceso participativo para definir los estatutos y funcionamiento del ente.
Por otro lado, la Xarxa per a la Conservació de la Natura (XCN) reclamó el pasado lunes a la Generalitat la "aprobación urgente" de la Agencia, en un manifiesto que cuenta con la adhesión de más de 260 organizaciones y más de 2.600 particulares y que también reclama coordinación con el resto de administraciones.
