CEUTA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -
Dos de los 55 menores marroquíes migrantes no acompañados que fueron devueltos a su país desde Ceuta en agosto del año pasado al margen de lo establecido en la Ley de Extranjería han declarado ante la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Ceuta que no querían irse y no fueron informados de sus derechos antes de la ejecución de su expulsión, por la que están siendo investigadas por un presunto delito de prevaricación continuada la exdelegada del Gobierno en la ciudad, Salvadora Mateos, y la vicepresidenta Primera del Ejecutivo autonómico, Mabel Deu (PP).
La jueza ha tomado declaración como testigos a dos de los al menos seis niños del Reino alauita que durante el último año han conseguido regresar a la ciudad autónoma por sus propios medios, alguno con los 18 años ya cumplidos. El tercer menor citado este jueves no ha testificado al encontrarse en la península, según han precisado las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press.
Los dos que sí lo han hecho, cuyo testimonio ha sido grabado como prueba preconstituida para no convocarlos de nuevo si las diligencias desembocan en la apertura de juicio oral, han asegurado que "no se fueron de forma voluntaria" y que "nadie les informó de sus derechos" antes de su repatriación forzosa, versión que contradice la aportada hasta ahora por las dos imputadas.
Deu, consejera competente en materia de Menores hasta julio, ha dicho que "imagina" que los menores autorizarían su retorno y que incluso hubo "despedidas con aplausos" en el Polideportivo Santa Amelia, de donde se sacó con escolta policial a los 55 menores que fueron deportados hasta que la Justicia suspendió cautelarmente la aplicación del procedimiento denunciado por la Fiscalía.
Mateos también ha aseverado que "entiende" que "se comunicó a los niños que iban a ser devueltos" y que le consta que "dijeron que querían volver con sus padres y estaban contentos por volver". "La vicepresidenta me dijo que estaban muy contentos y no me consta que no quisieran volver", afirmó en diciembre, cuando fue citada por el Ministerio Público.
Los dos menores que han testificado no han concretado todavía si desean ejercer o no la acusación particular en el procedimiento abierto, como se les ha ofrecido, para lo que podrían designar representantes legales o solicitar que se les asigne uno de oficio.
La instructora de la causa penal ha desestimado esta semana la práctica totalidad de las pruebas documentales y testificales propuestas por la Fiscalía, las investigadas y una de las acusaciones populares, entre ellas la citación como testigos del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska; el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez; y el presidente de la Ciudad, Juan Vivas (PP).
Todos los tribunales que se han pronunciado hasta ahora por la vía de lo Contencioso-Administrativo sobre la expulsión de los niños apelando a un Acuerdo entre España y Marruecos de 2007 y obviando la Ley de Extranjería (a pesar de que el pacto exige "observancia estricta de la legislación española") han condenado la actuación de las dos administraciones, que "conjuró una situación objetiva de riesgo relevante para la integridad física o moral de los menores afectados por las medidas de devolución que no desvirtúan los apelantes".
"Los actos propios de la Administración demandada --la Delegación del Gobierno-- hicieron imposible el seguimiento de trazabilidad de las medidas de retorno que aplicó", ha concluido el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que en un fallo recurrido ante el Supremo remarcó que el carácter "súbito y masivo e ilegal" de la avalancha migratoria de mayo de 2021 "en absoluto autorizaba al Reino de España excusar su sometimiento al imperio de la Ley".
