CEUTA, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de Ceuta que preside Juan Vivas (PP) espera poder trasladar este jueves a la ministra de Migraciones, Elma Saiz, que visitará por primera vez la ciudad autónoma, la "impotencia" con la que hace frente al incremento del 565% que registra desde el 1 de enero en el número de llegadas de menores extranjeros no acompañados con respecto al mismo periodo de 2023.
Según los datos a los que ha tenido acceso Europa Press, durante los tres primeros meses de este ejercicio el Servicio de Protección a la Infancia de la Ciudad se ha hecho cargo de 286 niños migrantes solos, casi seis veces más que en enero, febrero y marzo del año pasado (43). Solo el 10 y el 26 de febrero accedieron irregularmente a nado a la localidad española 27 y 21 menores, respectivamente, más que en todo enero de 2023 (25).
El aumento "exponencial" de las entradas, casi todos jóvenes varones adolescentes marroquíes con 16 o 17 años (aunque también se ha acogido a varios con hasta 11 años), ha elevado hasta 288 la cifra de menores sin compañía tutelados por la administración local, más del doble de la capacidad máxima que se le atribuyó en 2022 (132) incluso en situaciones de crisis.
El Ejecutivo autonómico se ha visto obligado a reabrir el alojamiento de emergencia de Piniers utilizado durante la pandemia y tras la avalancha migratoria de mayo de 2021, pero el portavoz gubernamental, Alejandro Ramírez (PP), ha advertido en rueda de prensa que "todos los recursos que tenemos están desbordados, cada día más".
"Sabemos que la Ley de Extranjería no se puede cambiar de un día para otro, pero no tenemos capacidad para atender a los menores de una manera óptima y por eso hemos planteado medidas como esa modificación legal o los traslados a otras regiones con plazas disponibles, que esperamos lleguen al mayor número posible de nuestra sobreocupación [158]", ha avanzado el también consejero de Fomento después de que el Estado haya limitado a cien las posibles derivaciones desde Ceuta a la península.
El modelo de gestión de contingencias migratorias infantiles acordado en 2022 establece que el esfuerzo para atender a los niños que estén por encima de la capacidad del sistema de cada región debe repartirse entre la comunidad de origen (que tiene que asumir entre un 25% y un 50% de su sobreocupación) y el modelo de reparto (que debe hacerse cargo de entre el 50% y el 75%).
