MELILLA, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de Melilla "no está preocupado" por las denuncias de distintas organizaciones no gubernamentales (ONGs), que han tachado de ilegal la expulsión de 73 inmigrantes del islote de soberanía española llamado Isla de Tierra, ni de las investigaciones abiertas por la Defensora del Pueblo y la Comisión Europea, porque defiende la legalidad de esta actuación.
A preguntas de los periodistas, el delegado del Gobierno en Melilla, Abdelmalik El Barkani, ha señalado que el Ejecutivo es el primer interesado en defender a los inmigrantes frente a las mafias que trafican con seres humanos "aún a costa de poner en riesgo sus vidas".
Así, El Barkani ha declarado que las autoridades españolas "son conscientes" de que diversas ONGs defiendan a estos inmigrantes, que fueron devueltos a Marruecos la madrugada del pasado martes después de ocupar unos días antes el islote español situado a sólo 30 metros de la costa marroquí y que se hallaba sin vigilancia, y ha asegurado que la propia Administración central está "supersensibilizada" con el drama de inmigración.
El delegado del Gobierno, no obstante, ha defendido la actuación del Ejecutivo central que, tras alcanzar un acuerdo para resolver el problema creado en el pequeño peñasco, acordó desalojar el islote enviando diez inmigrantes a Melilla --los más vulnerables como mujeres con hijos y menores-- y 73 a Marruecos, todos adultos.
Sin embargo, diversas organizaciones, como Amnistía Internacional, Comisión Española de Ayuda al Refugiado y SOS Racismo, criticaron que el Gobierno ha vulnerado los tratados internacionales en materia de Derechos Humanos y las leyes españolas de Extranjería y Asilo al ejecutar la expulsión colectiva de los 73 inmigrantes que se encontraban en Isla de Tierra, tras llegar de forma clandestina.
