CEUTA, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Autoridad Portuaria de Ceuta prevé instalar otras 35 cámaras de seguridad que se sumarán a las que ya dispone su circuito cerrado de videovigilancia y "continuará" el vallado de las zonas de acceso restringido en áreas como la cubierta de la Estación Marítima y el Muelle de Poniente, donde el pasado viernes falleció atropellado por una cabeza tractora un joven marroquí que acababa de cumplir 18 años.
Según ha explicado este jueves en declaraciones a Europa Press el presidente del Puerto de la ciudad autónoma, José Torrado, la institución que dirige ha vallado durante los últimos meses el Muelle España, punto de atraque de los cruceros que pasan por Ceuta y donde tiene su sede la Autoridad Portuaria, y ha renovado y mejorado las medidas de seguridad pasivas en todo el contorno de la avenida Juan de Borbón, terreno portuario abierto al uso ciudadano.
"En aplicación de nuestro Plan de Protección, los siguientes pasos se dirigirán a restringir la accesibilidad a las zonas de actividad portuaria de entrada limitada como las áreas de búnkering y movimiento de mercancías del Muelle de Poniente, donde se registró el desgraciado suceso de la semana pasada, y a la cubierta de la Estación Marítima", ha avanzado Torrado sobre los espacios que siguen siendo permeables a la entrada de intrusos pese a los controles de la Policía Portuaria, la Nacional, la Guardia Civil y la Local.
La Asociación de Transportistas de Ceuta ha emprendido una campaña de denuncia en las redes sociales del "acoso" que dicen sufrir "a diario" en el puerto por parte de grupos de decenas de personas menores y mayores de edad que intentan sustraer mercancías o introducirse en bateas, camiones y los propios barcos que parten hacia Algeciras con el fin de llegar irregularmente a la península.
La titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Ceuta ordenó el pasado martes la entrada en prisión incondicional del conductor de la cabeza tractora que aplastó al joven fallecido como presunto autor de un delito de homicidio doloso por el que se podría enfrentar a una pena de entre 10 y 15 años de cárcel.
El Gobierno de la Ciudad Autónoma que preside Juan Vivas (PP) ha estimado "entre 60 y 100" el número de niños y adolescentes, la inmensa mayoría varones de nacionalidad marroquí, que rechazan la tutela de la Administración y pasan el día e incluso pernoctan en las inmediaciones del puerto buscando una oportunidad para cruzar el Estrecho.
