VALNCIA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Abogacía de la Generalitat Valenciana solicita una pena de 7 años de prisión, 17 años y seis meses de inhabilitación absoluta y una responsabilidad civil de 1,38 millones de euros para el ex director general de RTVV José López Jaraba en el procedimiento que instruye el juzgado número 6 de Paterna en relación a las irregularidades en la contratación de una serie y un programa de la productora Alba Adriática.
Según el contenido del escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, Abogacía de la Generalitat acusa a López Jaraba de los presuntos delitos de malversación, prevaricación y falsedad documental, y solicita una pena de 7 años de prisión, 17 años de y 6 meses de inhabilitación absoluta, 9 años y 3 meses de inhabilitación especial para empleo y cargo público y multa de 21 meses a razón de 100 euros. Además, pide a Jaraba una responsabilidad civil de 1.385.295 euros, que es el perjuicio total causado a RTVV.
El caso se refiere a la contratación por parte de RTVV de la serie 'Planta 25' a la productora Alba Adriática por un importe de dos millones de euros. Cuando la Sindicatura de Comptes descubrió que en el expediente no había documentación que acreditara los gastos de la producción, RTVV solicitó los comprobantes a la productora, y no resultaron justificados gastos por importe de 1.785.295 euros.
Dos años después, la productora reconoció la deuda y RTVV computó ese importe en sus cuentas pero en realidad nunca ingresó nada. Según el escrito de la acusación de la Abogacía de la Generalitat, Jaraba firmó un nuevo contrato con la misma productora de cesión de derechos del programa 'De un tiempo a esta parte', por un importe que coincidía exactamente con los 1.785.295 euros que debía.
El escrito de acusación la Abogacía de la Generalitat considera que se han adjudicado contratos sin ajustarse, a sabiendas, a la normativa utilizada por RTVV para la adquisición de este tipo de programas.
Asimismo, "no existió ningún tipo de informe económico que evaluara el valor de los programas que se entregaron a cambio de la deuda, despreciando cualquier actuación para constatar, en su caso, su verdadero coste". Esta acción por parte de Jaraba, según la Abogacía, supone una vulneración deliberada de la normativa de contratación, presupuestaria y contable del ente público.
El informe pericial que consta en el procedimiento determina que el valor de 40 programas de 'De un tiempo a esta parte' era de 400.000 euros. Por tanto, muy lejos de la deuda que se pretendía compensar. La diferencia es el perjuicio causado a RTVV y que se reclama a Jaraba como la responsabilidad civil.
"PRECIO ABSOLUTAMENTE DESPROPORCIONADO"
La Abogacía de la Generalitat ha subrayado el "precio absolutamente desproporcionado de los dos programas", uno de ellos, 'De un tiempo a esta parte', que ya se había vendido a Castilla La Mancha Televisión y que RTVV programó de madrugada, y otro, 'Planta 25', del que RTVV ya tenía los derechos a través de Forta.
De este modo, RTVV, según el escrito de acusación, compró por duplicado los derechos de emisión de esta serie, por compra directa y por compra a través de la Forta.
Por todo ello, la Abogacía considera que estos son unos hechos que responden a "actos y negocios jurídicos realizados por Jaraba deliberados, dolosos, contumaces, ilegítimos y sostenidos en el tiempo, tendentes a descapitalizar y sobreendeudar a RTVV en beneficio de terceras personas".
PROCESADO POR MALVERSACIÓN O ADMINISTRACIÓN DESLEAL
A principios de julio, el titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Paterna (Valencia) decidió procesar a Jaraba por malversación o, en su caso, administración desleal por sobrecostes de 1.385.295 euros en la contratación de una serie y un programa de la productora Alba Adriática, propiedad de José Luis Moreno.
En un auto de conclusión de diligencias previas del pasado 26 de junio --paso previo a la calificación de los hechos por parte de las acusaciones para la apertura de juicio oral o el sobreseimiento--, el magistrado acordó también el archivo provisional de los hechos referentes a otros contratos cuestionados e insta a las acusaciones personadas a que formulen sus escritos.
