VALNCIA, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -
La consellera de Justicia, Interior y Administración Pública ha considerado que el permiso retribuido recuperable implica una "discriminación" para personal con contratos laborales con la administración, que tendrán recuperar las horas tras el permiso, frente a funcionarios que de servicios no considerados esenciales que tampoco están trabajando por causas no imputables a ellos, pero a los que no se les podrá pedir realizar las horas no trabajadas después.
Así lo ha explicado Bravo en una rueda de prensa que ha ofrecido este sábado, en la que ha considerado que el Estado "tenía que haber tenido una mirada mucho más amplia" y "establecer un sistema respecto del empleado laboral", puesto que se genera "una discriminación y desigualdad con los empleados públicos".
La consellera ha considerado que la normativa es "básica" y tiene que impulsarse desde el Estado. Bravo ha explicado que se ha puesto en contacto con el Ministerio y con el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, sobre esta situación.
"En un momento de grave crisis económica hay que ser imaginativos y creativos con el uso de los recursos públicos", ha señalado y ha puesto como ejemplo la situación de los juzgados que llevan cuestiones relacionadas con las preferentes.
Según ha explicado, en estos momentos hay funcionarios con labores de refuerzo de los juzgados que tratan estos temas que no pueden trabajar, y a los que habrá que pagar este refuerzo que no han podido realizar más el que tendrán que realizar una vez termine el confinamiento.
"Somos conscientes de que la administración no está preparada para actuar telemáticamente en todos sus ámbitos. Hay servicios en los que por el hecho de que tienen suspendidos todos los plazos y procedimientos, no se puede seguir avanzando. Hay un número importante de funcionarios que no pueden trabajar desde casa, ni tienen medios ni su servicio está activo", ha señalado.
MENOS DEL 10% DE FUNCIONARIOS DE JUSTICIA ESTÁN EN SEDE JUDICIAL
Como ejemplo, Bravo ha puesto la situación de los funcionarios de justicia, de los que ha destacado que menos de un 10% pueden acudir a su puesto de trabajo. En esta línea, ha puesto como ejemplo el incendio en la Ciudad de la Justicia de Valncia, por el que se tuvo que parar la actividad durante 10 días, lo que hizo que se aplazaran 2.500 procedimientos. "Cuando acabe el confinamiento, igual hay que multiplicar esto por tres, por cuatro o por cinco", ha manifestado.
"Cuando tengamos que poner en marcha la vuelta vamos a tener que pagar primero por el trabajo no hecho y segundo por el trabajo que tendremos que recuperar", ha señalado.
La consellera sí ha indicado que al principio del confinamiento se podía trabajar, pero ahora, con la paralización de todos los trámites, ese teletrabajo en la actividad judicial, salvo servicios esenciales, "se va reduciendo".
