VALNCIA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -
El presidente del Cermi CV, Luis Vañó, se ha reunido con responsables de la Conselleria de Economía para trasladar su "gran preocupación" por el Anteproyecto de Ley por la que se regulan los incentivos a la contratación laboral, promovida por el Ministerio de Trabajo, ya que considera que tendrá un "impacto devastador" y "pone en peligro" el empleo de 7.965 personas con discapacidad que trabajan en los centros especiales de empleo.
En el encuentro han participado el secretario autonómico de Empleo, Enric Nomdedeu, y la directora general de Empleo y Formación de Labora, Rocío Briones, según ha informado el Cermi CV en un comunicado.
En concreto, el Comité advierte que la normativa "altera sustancialmente" la regulación de una parte fundamental de los incentivos a la contratación de personas con discapacidad, los relativos a las bonificaciones de Seguridad Social, en especial en los referidos al empleo protegido, los que se desempeñan en centros especiales de empleo y otras entidades sociales asimiladas.
Esta reforma supone "una disminución drástica" de los recursos destinados al empleo de las personas con discapacidad, y contempla, además, la equiparación de las bonificaciones del empleo protegido al ordinario, "rompiendo el sistema establecido actualmente y que está vigente desde hace años, lo que no tiene ninguna justificación objetiva y ni se han valorado las nefastas consecuencias que esta medida puede conllevar", ha alertado el Cermi CV.
Por todo ello, los representantes de la entidad han expresado a Labora el "rechazo absoluto" al contenido del anteproyecto de ley, por "sus devastadoras consecuencias" para el empleo de las personas con discapacidad, y han pedido a Labora que apoye las aportaciones que el tercer sector ha enviado al Ministerio y que, en el documento de aportaciones que tiene que enviar Labora al Ministerio de Trabajo, se reflejen la consideraciones de las entidades sociales.
Según el Cermi, "con toda probabilidad provocará pérdida de empleo, reducción en la contratación de personas con discapacidad, pondrá en riesgo la viabilidad de los CEE y, como consecuencia, conllevará mayores gastos añadidos para el Estado, para las personas con discapacidad, sus familias y la sociedad en general; reivindicando que se mantenga el sistema de bonificaciones de cuotas a la Seguridad Social en la contratación de personas con discapacidad actualmente vigente".
El presidente del Cermi CV, Luis Vañó, ha avisado que, en la Comunitat, en el ámbito de Centros Especiales de Empleo, la normativa pondría en riesgo el trabajo que realizan 7.965 personas con discapacidad que trabajan en los 124 Centros Especiales de Empleo, donde hay 4.902 contratos indefinidos y 3.062 temporales.
En ese sentido, ha defendido que los cambios en el modelo de empleo de personas con discapacidad no pueden hacerse por "la vía de los puros hechos unilaterales, de modo intempestivo y urgente, sin ningún tipo de diálogo y acuerdo previos, con todas las instancias concernidas, muy en especial con las Comunidades Autónomas, responsables inmediatas de las políticas de empleo, así como con el tercer sector.
Según la entidad, la Secretaría Autonómica y la Dirección General de Labora han mostrado "su respaldo a estas reivindicaciones planteadas por el Movimiento Cermi CV y las recogerán en su documento de propuestas que Labora tiene que enviar al Ministerio de Trabajo, donde especificarán que no se tienen que tomar medidas que no estén consensuadas con el sector de la discapacidad y que no invada competencias autonómicas.
