ALICANTE, 18 May. (EUROPA PRESS) -
La Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc) responsabilizó hoy al Ministerio de Sanidad y Consumo de "inactividad reglamentaria y desidia" en la crisis filatélica por incumplir su compromiso de desarrollo de la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva, vigente desde el año 2003, que otorga a dicho ministerio las atribuciones para el control y supervisión de este sector.
El delegado de Ausbanc en Alicante, Pedro Pérez Cortés, informó hoy de la decisión de Ausbanc de solicitar la dimisión del subsecretario de Estado de Sanidad y Consumo, Fernando Puig de la Bellacasa, y de la directora del Instituto Nacional de Consumo (INC), Angeles Heras, por "negligencia" en el ejercicio de sus funciones, en el caso del presunto fraude de Afinsa y Forum Filatélico, en el que según manifestó "pueden estar afectados entre 15.000 y 20.000 alicantinos".
Al respecto, Pedro Pérez opinó que estos datos "no son muy claros", ya que los ofrecieron "las entidades afectadas Afinsa y Fórum filatélico". Asimismo, reconoció que se han afiliado recientemente a Ausbanc "casi un centenar" de afectados en Alicante, quienes habían invertido "una media de entre 20.000 y 25.000 euros", y en alguno de los casos de "hasta 300.000 euros".
Pedro Pérez, quien prevé que éste va a "ser un proceso largo y complicado", apuntó que el Ministerio de Sanidad y Consumo "debería haber controlado los recursos de estas entidades, los coeficientes de inversión y si verdaderamente las inversiones o las compras correspondían al valor real de los sellos".
Por ello, según explicó, Ausbanc, entre las medidas que ha adoptado, ha puesto a disposición de los afectados una carta para remitir al Ministerio de Sanidad y Consumo y ha interpuesto una querella ante los juzgados de Instrucción de la Audiencia Nacional 1 y 5. Además, ha solicitado la "personación en los concursos que se están realizando por parte del Juzgado de lo Mercantil 1, 6 y 7 de Madrid".
Además de estas medidas, Ausbanc opina que "desde el Gobierno se deberían clarificar las consecuencias fiscales derivadas de esta situación y que el Gobierno suspenda las obligaciones fiscales respecto a esto productos". Asimismo, solicita que se cree un juzgado específico para este caso a objeto de "garantizar un juicio rápido" y que las televisiones y radios públicas introduzcan programas de información a las víctimas.
De igual modo, Ausbanc pide que las ayudas que el ministerio tiene previsto ofrecer a los afectados "se deberían dar directamente a los afectados" y no, como las que entregó la semana pasada, a asociaciones que han sido "elegidas a dedo".
Finalmente, Ausbanc exige que se prevea la posibilidad de que las víctimas puedan ceder los derechos de crédito al Estado. Una vez tasados, "el Estado debe contemplar la posibilidad de adquirir esos bienes a precio real a objeto de venderlos a mayor tiempo y que los afectados no tengan que esperar durante largo tiempo, añadió.
