CASTELLON, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -
Jueces para la Democracia (JpD) consideró hoy en un comunicado de prensa "inadmisible" que el presidente de la Diputación de Castellón y de la sociedad promotora del aeropuerto, Carlos Fabra, formule "descalificaciones y amenazas veladas contra la juez del juzgado de instrucción número 4 que ordenó la paralización cautelar de parte de las obras del aeropuerto.
Ante las recientes informaciones sobre valoraciones realizadas por Carlos Fabra a la juez del juzgado de instrucción número 4 de Castelló, desde Jueces para la Democracia (JpD) se recuerda que la citada magistrada "ha acordado la suspensión de las obras del aeropuerto de Castelló en el ámbito de su independencia judicial y en uso de sus competencias legales, en el curso de la investigación de presuntos delitos".
En consecuencia, "resulta inadmisible que un cargo público de cierta relevancia como el presidente de la Diputación de Castellón se dedique a formular descalificaciones y amenazas veladas contra la juez instructora", según JpD, que añade que, "sin duda, las resoluciones judiciales pueden merecer discrepancias, pero éstas deben exteriorizarse a través de los recursos correspondientes y por medio de críticas razonadas, sin que puedan admitirse este tipo de presiones ilegítimas que sólo pueden tener como finalidad influir en el ánimo de un juez que está actuando de manera independiente y que únicamente está sometido al imperio de la ley".
Por otro lado, el tono utilizado por Carlos Fabra y su "evidente falta de respeto" a las labores de la juez instructora, subrayan desde JpD, "suponen un indudable desprecio al principio de separación de poderes y a las reglas del Estado de Derecho y, además, implican una conducta de cierta gravedad al proceder de un cargo político de importante significación en la provincia de Castellón".
Además, el colectivo de jueces señala que la "prepotencia inherente" a las manifestaciones de Carlos Fabra "supone el olvido de que en una sociedad democrática existen unos límites que no pueden ser traspasados ni siquiera por el poder político, pues éste también se encuentra sometido al mandato constitucional de obediencia a las leyes y de respeto a la actuación de nuestros tribunales".
"Esta actitud reiterada de falta de respeto hacia los tribunales por parte de Carlos Fabra --añadió JpD-- implica una conducta de ausencia de aceptación de los principios constitucionales y una errónea convicción de que desde el poder político se puede actuar de la manera que se crea conveniente, sin que nadie pueda interferir en determinados designios, ni siquiera los juzgados competentes cuando estiman que se han vulnerado las leyes vigentes".
Por todo ello, desde Jueces para la Democracia entienden necesario el apoyo a la independencia judicial y a las labores de la juez del Juzgado de Instrucción nº4 de Castelló, "como a las de cualquier otro magistrado que se vea atacado en sus legítimas competencias", y reclaman al presidente de la Diputación de Castellón una conducta "más respetuosa" con las reglas básicas del Estado de Derecho.
