VALNCIA, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Juzgado de Instrucción número 2 de Valncia, que investiga presunto fraccionamiento de contratos municipales, ha citado de nuevo a declarar al concejal de Cultura Festiva y portavoz de Compromís en el consistorio, Pere Fuset, en relación a una nueva documentación sobre Junta Central Fallera (JCF).
Fuset ya tuvo que declarar en esta causa, abierta hace más de un año tras una denuncia de Luis Salom, asesor del grupo municipal 'popular' en el Ayuntamiento de Valncia, en relación con supuestas irregularidades en contrataciones relacionadas con la organización de Expojove y otros eventos de esta Concejalía.
En ese momento, el edil defendió en el juzgado que "todo se ajustó a la legalidad" y afirmó, de hecho, que esos contratos investigados no tuvieron "reparos" por parte del secretario del consistorio ni por ninguna otra instancia.
Recientemente Salom ha ampliado su denuncia en el juzgado y ha expuesto nuevas irregularidades relacionadas con fraccionamiento de contratos de Fuset y la Junta Central Fallera, con lo que el juzgado ha acordado que el edil acuda al juzgado a declarar al respecto. Lo hará el 28 de febrero a las 10 horas.
Este no es el único frente judicial que tiene abierto Fuset, puesto que próximamente tendrá que sentarse en el banquillo de los acusados por el accidente mortal de un trabajador durante la instalación de las gradas para los conciertos de Viveros de 2017. En esta causa Fiscalía no le acusa, pero sí la familia del fallecido.
Paralelamente, el ministerio público sí ha pedido que se abra una investigación contra el edil por un presunto delito de prevaricación por conceder la explotación de servicios de hostelería a cambio del montaje de las gradas de los conciertos de Viveros. Esta reclamación surge a raíz de la causa del fallecimiento, pero se tramitaría de manera independiente.
El nuevo procedimiento contra Fuset se ceñiría a un delito de prevaricación en relación a la presunta concesión comercial que hizo el edil en los conciertos de Viveros de 2017, de tres barras de bar y cinco puestos de comida, a cambio del montaje de la grada. Según estima el ministerio público, esta decisión pudo ir en contra de la Ley de Contratos del Sector Público.
Esta petición se remitirá al Decanato de Juzgados, desde donde se repartirá a un órgano judicial y se adoptarán las diligencias que se estimen oportunas.
