Archivo - El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca - Rober Solsona - Europa Press - Archivo
CASTELLÓ 22 Oct. (EUROPA PRESS) -
El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha asegurado que la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que declara inconstitucionales el artículo 17, la disposición final primera y la disposición adicional cuarta de la ley de protección y ordenación de la costa valenciana "no dice que no sea válida" esta norma y se ha mostrado "muy prudente" sobre esta resolución.
Así lo ha manifestado, en declaraciones a los medios este jueves por la tarde en Castelló de la Plana, donde ha asistido a la inauguración de la nueva sede de AVA-ASAJA, en las que ha señalado que el Consell estudiará ahora la sentencia y ha esgrimido que, hasta el momento, no ha podido consultarla en su totalidad. "Habrá que leerla y analizar el contenido", ha apuntado.
La sentencia examina la alegación de la Abogacía del Estado relativa a las edificaciones de la playa de Babilonia, en Guardamar del Segura (Alicante), cuya demolición había sido ordenada por resoluciones judiciales firmes y estaba pendiente de ejecución.
El TC declara inconstitucional el artículo 17 y la disposición final primera, exclusivamente en cuanto se apliquen a bienes integrantes del dominio público marítimo-terrestre.
En cualquier caso, Llorca ha afirmado que el pronunciamiento del TC "no dice que nuestra ley no sea válida, sino que la protección de esos núcleos etnológicos de la costa no le debe corresponder a las autonomías, sino a la Administración de la Estado". "Nosotros hemos hecho una ley porque el Estado no está cumpliendo con esa protección de las casas y de esas personas afectadas", ha defendido.
El jefe del Consell ha remarcado que se trata de un asunto como la vivienda, "ahora que hay un debate en la calle", y ha reivindicado sobre las personas afectadas por la ley de protección de la costa valenciana: "Viven allí, tienen su residencia allí y en este momento creo que el Estado no las está protegiendo".
"Lo que queremos es tener una ley de costas en base también a nuestro Estatut d'Autonomia, que permite que podamos gestionar este tipo de materias y más cuando la administración que lo tiene que hacer, que es el Gobierno de España, no lo hace", ha justificado.
