El PSPV-PSOE se persona como acusación popular en la causa que investiga el patrimonio de Carlos Fabra

El PSPV se persona en la causa contra Carlos Fabra
El PSPV se persona en la causa contra Carlos Fabra - PSPV-PSOE
Publicado: viernes, 22 enero 2021 13:26

CASTELLÓ, 22 Ene. (EUROPA PRESS) - -

El PSPV-PSOE de la provincia de Castellón se ha personado como acusación popular en la causa donde se investiga si el expresidente de la Diputación Carlos Fabra ocultó patrimonio para dificultar la ejecución de la sentencia en la que resultó condenado por cuatro delitos fiscales.

Según ha explicado el secretario general del PSPV-PSOE de la provincia de Castellón y diputado autonómico, Ernest Blanch, en la Ciudad de la Justicia, "la impunidad solo se restaura con justicia, nadie es libre para hacer abusos de poder, ni malgastar dinero público, ni pensar que está por encima del resto de la gente".

"Somos políticos, hemos venido para servir y no para servirnos, y eso parece que, en determinados tiempos, el PP no siempre lo ha entendido así, y estamos hablando de cosas que afectan a dinero que tenía que haber ido a unos lugares y ha ido a otros, de falsedad, de datos que se han manipulado, al final, de un dinero que tenía que destinarse a mejorar carreteras, a arreglar escuelas o a mejorar la sanidad pública y al final ha ido a manos de algunos que se han hecho ricos o han hecho ricos a unos amigos", ha añadido.

Blanch ha señalado que "esto tiene que acabar" y por eso los socialistas se han personado en la causa. "El PSOE siempre ha sido coherente en su línea de actuación y siempre ha estado en todos los casos de corrupción desde cuando estábamos en la oposición", ha dicho.

En esta línea, ha apuntado que ahora el PSOE es partido del Gobierno, "pero el efecto de la coherencia, de los principios, de los valores y de la ética tienen que ponerse por encima de todo".

"El nombre de Castellón no puede ser vinculado a la corrupción, que no es de los territorios, sino que la hacen las personas", ha apuntado el secretario general del PSPV-PSOE, quien cree que hay una concepción de que "la gente de Castellón se hace rica o ayuda a otros a que se hagan ricos, y eso no es cierto". "Creo que lo hemos demostrado amplísimamente y por eso estamos aquí", ha subrayado.

"TOLERANCIA CERO ANTE LA CORRUPCIÓN"

Blanch ha manifestado que "se han acabado aquellas maneras de hacer la vieja política del PP", y cree que "hay que hacer justicia en Castellón porque la corrupción no puede ser sinónimo del territorio", y por tanto, -ha dicho- "tolerancia cero ante la corrupción y ante cualquier abuso de poder".

Por su parte, el portavoz del Grupo Socialista en la Diputación de Castellón, Santi Pérez, ha indicado que "es necesario limpiar el nombre de la provincia, que durante muchos años, con el señor Fabra, estuvo ligada a la corrupción y no se merece Castellón esa situación".

Así mismo, ha indicado que por parte de la Diputación se van a recopilar todos los datos que pudieran afectar entre 2004 y 2011 a ese gasto que haya podido tener la corporación respecto al campo de golf, y ha apuntado que desde el Grupo Socialista continuarán luchando contra la corrupción.

"Nuestro objetivo es limpiar el nombre de la provincia y hemos decidido esta personación para acabar por fin con esa etapa de corrupción política y de política clientelar", ha concluido.

CAUSA

El juzgado de instrucción número 4 de Castelló abrió esta causa contra Carlos Fabra en junio de 2017, tras recibir una denuncia de Fiscalía por la posible comisión de delitos de frustración de la ejecución, uso de información privilegiada, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y cohecho.

La investigación, que ha estado secreta hasta septiembre del pasado año, trata de determinar el origen de los flujos económicos manejados directamente o a través de terceros por el expresidente de la Diputación y si esos ingresos pudieron responder a labores de intermediación realizadas durante el ejercicio de cargo público.

El juzgado también investiga si se produjo una ocultación patrimonial mediante un entramado de empresas y personas para dificultar el cobro de la deuda contraída con Hacienda tras la condena penal.

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