SANTA CRUZ DE TENERIFE, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -
El informe interno elaborado por el oficial mayor del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Francisco Clavijo, sobre la contratación de Juan Luis Guerra en el Carnaval del año pasado concluye que hay cuatro irregularidades que pueden conllevar la nulidad de pleno derecho y la anulación del procedimiento.
Así lo expone el portavoz de Unidas Podemos en el consistorio, Ramón Trujillo, denunciante del caso ante la Fiscalía Anticorrupción, quien señala que la propuesta de resolución del expediente de información reservada "evidencia una chapuza monumental que destroza los mecanismos garantistas previstos por la ley".
El expediente de información reservada no ve justificado el trámite de urgencia ni la exclusividad de la representación de los artistas, ni la justificación para aplicar un procedimiento de adjudicación negociado sin publicidad ni la satisfacción del requisito de solvencia económica del adjudicatario, que era ocho veces inferior al mínimo exigido legalmente.
Asimismo, el informe detecta otras irregularidades desprovistas de consecuencias legales.
Trujillo también indica que se acredita una irregularidad que no evalúa legalmente, la constatación de la no presentación preceptiva de las facturas antes del abono del primer pago de 250.597 euros --la contratación global, junto a Orishas superó el medio millón de euros--.
"Esta omisión hace particularmente pertinente la denuncia de Unidas Podemos en Fiscalía porque parece ser la única manera de averiguar cómo se gastó ese primer pago de dinero público. Y, asimismo, el destino de tales pagos podría ser determinante a la hora de establecer responsabilidades por lo sucedido", expone en una nota.
Trujillo no entiende que desde Coalición Canaria se le critique por haber denunciado la contratación de Juan Luis Guerra ante la Fiscalía Anticorrupción "porque no haberlo hecho supondría aceptar que no hay que justificar debidamente la recepción de dinero público o aceptar declaraciones de exclusividad insuficientemente acreditadas y que, por lo tanto, pudieran servir para incrementar costes".
Además, tampoco entiende que "no se exija con rigor la acreditación de solvencia económica, pese a saber que ello podría conllevar pérdidas para el Ayuntamiento u ocultar tratos de favor a determinadas empresas".
