Esta institución, que echó a andar el martes, busca perseguir delitos contra el presupuesto de la UE, que pierde 1 billón al año por fraudes
MADRID, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados ha aprobado con el voto en contra del PP y de Vox el dictamen sobre Proyecto de Ley Orgánica que adaptará a nuestro ordenamiento la cooperación reforzada para la creación de la Fiscalía Europea, que entró en funcionamiento el pasado martes 1 de junio con el objetivo de perseguir el fraude a los presupuestos europeos en todo el ámbito de la UE.
Durante la sesión de este jueves únicamente se han aprobado algunas enmiendas transaccionales y de corrección técnica que no afectan a lo esencial el proyecto del PSOE, que fue defendido el pasado 20 de mayo en la Cámara baja por el propio ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, frente a la enmienda a la totalidad redactada por el PP, en un debate plagado de reproches por la falta de independencia del Ministerio Público en España respecto del Gobierno. El dictamen aprobado se llevará al Pleno del Congreso del próximo jueves.
Vox y el PP han anunciado que votarán en contra del Anteproyecto durante la sesión plenaria, pero por motivos diferentes. El PP se muestra favorable a la instrucción por el fiscal y a la Fiscalía europea, pero votará el próximo jueves en contra de este proyecto por entender que hace falta un régimen transitorio hasta que España cuente con su nueva LECrim, que de forma previa requiere la aprobación de un nuevo estatuto fiscal.
El partido liderado por Santiago Abascal, por su parte, es contrario a la instrucción por los fiscales, al considerar que la dependencia jerárquica en dicha carrera hace que la atribución a de la instrucción penal al fiscal tenga difícil encaje en la Constitución. Por ello, no descarta que en el futuro Vox presente un recurso de constitucionalidad contra la reforma.
Quienes sí apoyan la reforma sobre la Fiscalía son los socios de Podemos, cuyo portavoz en esta comisión Enrique Santiago, ha destacado que la norma abunda en el refuerzo del espacio europeo y además supone un paso importante en la lucha contra fenómenos de corrupción, delitos contra la Hacienda Pública europea o mal uso de fondos y subvenciones, en especial en lo referido el blanqueo de capitales.
Durante su intervención en el debate de este jueves el Anteproyecto ha recibido el apoyo del diputado del PNV Mikel Legarda, que ha señalado que las reformas incluidas en el texto anticipan el modelo de fiscal instructor de la nueva Ley De Enjuiciamiento Criminal (LECrim) que está previsto que comience pronto su tramitación parlamentaria.
CIUDADANOS CONDICIONA SU APOYO A UN NUEVO EOMF
Edmundo Bal (Ciudadanos) , por su parte, ha defendido el mantenimiento de algunas enmiendas dirigidas a aspectos formales de la norma, como el hecho de que la nueva fiscalía europea tenga su sede en Madrid, obligando a los investigados a desplazarse siempre hasta la capital. También discrepan de lo que consideran "supresión de la acusación particular, con independencia de cómo se legisle esta figura en otros países europeos.
Bal ha criticado también que el PSOE haya perdido "una oportunidad de oro" con la tramitación de esta norma, que podría haber adelantado disposiciones para reforzar la independencia de los fiscales en cuanto al funcionamiento de esta institución. "Mi grupo no va a apoyar la nueva LECrim si antes no se reforma el estatuto orgánico del Ministerio Fiscal -ha añadido-. Estoy de acuerdo que los fiscales tengan que instruir, pero no puede ser que la estructura de la Fiscalía siga dependiendo del Ejecutivo, esta va a ser una línea roja sobre la que nosotros no vamos a pasar".
También han anunciado su apoyo al Proyecto los diputados nacionalistas Josep Pagés, Grupo plural, y Carolina Telechea, de ERC, si bien ambos mantienes sus enmiendas.
En el caso de Junts, se dirigen a evitar que se puede aprovechar la tramitación de esta ley para centralizar las competencias en la Audiencia Nacional, mientras que Telechea ha cuestionado que el Proyecto "tiene en la cabeza una directiva de 2017 cuando ya hay otra de 2019", además de olvidar la doctrina del Tribunal Constitucional obre plazos de detención. A su juicio debe asegurarse que las 72 horas de arresto comiencen cuando la detención se verifica, y no en el momento de entrega del detenido a la autoridad judicial.
Finalmente, el diputado socialista Francisco Aranda ha defendido la aprobación del Proyecto y que éste deba entrar en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE, para evitar sanciones económicas derivadas de la no aplicación de una Directiva.
Así, ha explicado que la Fiscalía Europea que entró en vigor esta semana observará atentamente la buena gestión d ellos fondos de la Unión protegiendo los intereses de los ciudadanos, y junto con el éxito de la campaña de vacunación y la existencia de los fondos de recuperación por el covid constituye una buena noticia en estos tiempos que corren.
"La UE podría estar perdiendo un billón por este tipo de conductas, es por ello que este mecanismo va a ayudar a atajar esta sangría", ha señalado, para apuntar también que la solución que da el texto sometido a debate para dar cabida a la directiva europea en la actual situación, pues en España los jueces siguen instruyendo, es "adecuada". Por ello no entiende que el PP se diga europeísta y no apoye el Proyecto, "es como soplar y sorber a la vez", ha concluido.
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