La propuesta de Pacto Social por la Vivienda plantea construir 80.000 pisos protegidos y crear un parque de alquiler de 35.000 en 10 años
BILBAO, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -
El número de personas demandantes de vivienda protegida inscritas en las litas de Etxebide supera, en la actualidad, las 93.000 personas y, en base a la información sobre necesidades y demanda de vivienda 2008, se precisan del orden de 75.000 viviendas para cubrir las necesidades actuales de acceso, además de que casi 41.000 personas requieren de un cambio de piso y alrededor de 129.000 viviendas necesitan de rehabilitación, según datos ofrecidos hoy por el consejero de Vivienda, Obras Públicas y Transporte, Iñaki Arriola.
Arriola presidió hoy, en el Palacio Euskalduna de Bilbao, la jornada que da inicio al proceso para alcanzar un Pacto Social por la Vivienda, cuyo objetivo es conseguir un consenso entre todos los agentes públicos, sociales y privados implicados en materia de vivienda, que permita orientar las líneas estratégicas y ámbitos de actuación de las políticas activas a desarrollar en los próximos años en Euskadi.
En la jornada participaron las Administraciones responsables y los agentes sociales y privados implicados en materia de vivienda, que realizaron sus aportaciones a través de un diálogo participativo sobre 'Vivienda en Euskadi', dinamizado con la metodología world café por Innobasque - Agencia Vasca de la innovación.
En su intervención, Arriola indicó que "para dar cobertura al enorme esfuerzo social preciso para acometer la tarea pendiente en materia de vivienda es necesario empezar a situar las problemas reales de nuestra sociedad en nuestro foco principal de visión, siendo la vivienda uno de los principales retos que nos marca la sociedad como problema a resolver".
En ese sentido, consideró necesario "consensos básicos que actúen como palancas de resolución de conflictos" y, para ello, propuso un "gran Pacto Político y Social a diez años en materia de Vivienda, que consiga un marco estable de impulso y acuerdo social y que materialice, de una manera constante y continuada, la política de vivienda".
La pretensión es, a través del Pacto Social por la Vivienda, lograr la "acción coordinada sobre la base de un consenso", de forma que el pacto "debería permitir la movilización de todas las administraciones y agentes sociales y privados que son necesarios para satisfacer las necesidades de vivienda sobre la base de una estrategia consensuada".
Asimismo, indicó que el pacto "debería fundamentarse en una visión común del escenario deseado en el medio y largo plazo y todas las políticas y acciones desarrolladas por las instituciones y organizaciones firmantes del pacto deberían se coherentes con dicha estrategia".
Por otro lado, apuntó que "el principio de la sostenibilidad, en todas sus acepciones (planificación urbana, protección medioambiental, ahorro energético) estaría necesariamente presente en los compromisos adquiridos, junto con la necesidad de un desarrollo equilibrado del territorio".
Además, Arriola destacó que el pacto "recogería las opiniones y propuestas realizadas por la ciudadanía, quien también participará en el seguimiento de la implantación de las nuevas políticas de vivienda que serán consecuencia del mismo". Así, precisó, la ciudadanía "tendrá acceso permanente a los indicadores de realización y de impacto que medirán los resultados alcanzados por estas políticas".
El consejero señaló también que los programas implementados como consecuencia del pacto "deberían utilizar modelos de gestión que aseguren conseguir la máxima eficiencia económica y alcanzar y sostener los resultados en el tiempo".
Arriola dijo que las políticas estratégicas en materia e vivienda y suelo que se instrumentarán en breve en el Plan Director de Vivienda y renovación urbana 2010-2013 "deben partir de estos consensos básicos alcanzados, estableciendo los objetivos cuantitativos, los medios instrumentales, los recursos y la participación coordinada de los distintos agentes económicos y sociales.
Según explicó, en los últimos cinco meses, la Consejería que gestiona ha trabajado en el desarrollo de su propuesta política en materia de vivienda y suelo, desarrollando seis ejes estratégicos de intervención, 18 líneas diferenciadas de actuación y 50 acciones concretas a implementar en su ejecución.
Arriola confió en que dentro de "unos pocos meses la gran mayoría de las administraciones públicas, agentes del sector, grupos parlamentarios, organizaciones sindicales, el entramado empresarial, los agentes sociales y económicos del sectores, y la ciudadanía aquí representada seamos capaces de rubricar un documento que contenga los consensos básicos sobre la política de vivienda para los próximos diez años, acuerdo que no finalizará con su firma, sino que guiará las políticas estratégicas de futuro y deberá ser objeto de seguimiento y evaluación permanente entre todos, a lo largo de su vigencia".
EJES DE LA PROPUESTA
Los ejes de la propuesta presentada hoy por el Departamento de Vivienda son mejorar el acceso a la vivienda de los jóvenes; mejorar las condiciones del parque de vivienda; mejorar el alojamiento de las personas mayores y con diversidad funcional; prevenir la exclusión social residencial; garantizar un alojamiento digno; y dar impulso al papel de los ayuntamientos en las políticas de vivienda.
Para mejorar el acceso a la vivienda de los jóvenes, se plantea movilizar suelo para 50.000 viviendas con protección pública en diez años; construir 80.000 pisos con protección pública en diez años; configurar un parque público permanente de vivienda en alquiler de 35.000 viviendas en diez años; promover el acceso a la VPO en propiedad a 45.000 familias en diez años; y conseguir un stock de viviendas destinadas a políticas sociales.
En cuanto a la mejora de las condiciones del parque de vivienda, el Departamento que dirige Arriola propone rehabilitar y mejorar 200.000 viviendas en diez años; mejorar la accesibilidad física del parque de vivienda construida; incentivar la sostenibilidad y calidad del parque de viviendas; e impulsar la innovación en los proyectos de construcción de viviendas.
Para mejorar el alojamiento de las personas mayores y de las que presentan diversidad funcional, se plantea garantizar la autonomía residencial de los hogares de personas mayores y mejorar la accesibilidad de las viviendas para las personas con diversidad funcional.
Por su parte, para prevenir la exclusión social residencial se marca como objetivo evitar que cualquier persona quede excluída de una vivienda por motivos económicos".
La propuesta del Departamento de Vivienda para garantizar un alojamiento digno pasa por procurar una vivienda digna a los colectivos mal alojados o sin techo y erradicar los fenómenos de la infravivienda y la sobreocupación.
Para dar impulso al papel de los ayuntamientos en las políticas de vivienda, se plantea promover convenios y acuerdos con los consistorios para movilizar suelo; reforzar la colaboración entre ambas administraciones con el objetivo de garantizar un alojamiento digno; accesibilidad y rehabilitación; y mejorar la gestión de los servicios públicos de vivienda.
