Dice que los acusados, "si hubieran hecho caso de los requerimientos" del TS, habrían incurrido "en un delito peor, el de prevaricación"
BILBAO, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -
El diputado del PNV Emilio Olabarria consideró hoy que la acusación popular, "sin límites procesales", se utiliza, "en muchas ocasiones, con fines políticos, de forma abusiva", y puede convertirse en "un elemento de paralización de la Justicia".
En declaraciones a Europa Press, Olabarria manifestó, además, que, si el ex presidente del Parlamento vasco, Juan María Atutxa, el ex parlamentario de EA, Gorka Knörr y la representante de EB en la Cámara, Kontxi Bilbao, "hubieran hecho caso de los requirimientos" del Tribunal Supremo para disolver a Sozialista Abertzaleak (SA), habrían incurrido en un delito "peor" al de la desobediencia, "el de prevaricación".
A su juicio, en el 'caso Atutxa', se debería haber aplicado 'la doctrina Botín' y se debería haber archivado al no haber acusación particular ni pública, tan sólo la acción popular. "Si se quiso poner fin a un uso abusivo de la acusación popular para exonerar a un banquero del ejercicio inadecuado o abusivo de la acusación popular, con más razón y legitimidad se tendría que limitar la acusación popular cuando estamos hablando de tres personas que representan una institución parlamentaria", aseveró.
Según recordó, la 'doctrina Botín' dice que la acusación popular, "en tanto en cuanto no está vinculada a un perjudicado ni a un interés público, por sí misma, no sirve para instar la acción penal en los juicios verbales y esto, evidentemente, ocurre en el caso Botín y en el caso Atutxa".
A su juicio, la acusación popular "tiene que tener un elemento referencial que sean o los perjudicados directos o el interés público que se considere concernido por el Ministerio fiscal".
Para el dirigente jeltzale, de otra forma, ésta "puede convertirse en un elemento de paralización de la Justicia, porque no tiene límites procesales el ejercicio de esa posibilidad de acción y se utiliza, muchas veces, para conseguir fines políticos, ajenos a los requerimientos de la Justicia".
En su opinión, ello puede contribuir a "usos perversos, bastardos, de la Justicia porque cualquier colectivo puede ejercer la acusación porque sí, porque se le antoje, sin que existan referencias concretas de perjudicados directos".
Emilio Olabarria señaló que el sindicato de funcionarios públicos Manos Limpias ha tenido, en el 'caso Atutxa', "un fin manifiestamente político, vinculado a su ideologçia de ultraderecha, que se caracteriza por ejercer la acusación popular porque la legislación procesal del Estado español posibilita un uso abusivo de la acusación popular, a lo que se quiso poner fin con la 'doctrina Botín'".
PARTIDO POLITICO Y GRUPO
Asimismo, defendió "la falta de conexión entre un grupo parlamentario y el partido", y precisó que la jurisprudencia constitucional es "uniforme y muy prolija" en esta cuestión.
"Cuando un partido político se presenta a las elecciones y, una vez que tiene grupo parlamentario y el grupo se constituye, éste queda desvinculado orgánica y funcionalmente del partido político, de forma y manera que su funcionamiento queda regulado ya por las previsiones del Reglamento de la Cámara", indicó.
Tras apuntar que en el Reglamento de la Cámara vasca, del Congreso y del Senado "no está previsto la disolución del grupo parlamentario por el hecho de que un partido político haya sido ilegalizado", precisó que, "si hubieran hecho caso de los requerimientos del organo judicial que obligó a la disolución, seguramente, hubieran incurrido en un delito peor, que es el de prevaricación, al haber incumplido el reglamento de la Cámara".
