Ayuntamiento de Vitoria descarta implantar el Área de Prioridad Residencial y revisará la Ordenanza de la ZBE

BILBAO, 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha decidido no implantar el Área de Prioridad Residencial, APR, prevista en la Ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones para el próximo 15 de septiembre, que revisará para adecuarla a esta decisión.

En un comunicado, el Consistorio ha explicado que la decisión se ha adoptado tras conocer el informe elaborado por el Servicio de Tráfico, que concluye que, en las circunstancias actuales, la puesta en marcha de esta medida "no resulta necesaria para alcanzar los objetivos ambientales y de tránsito perseguidos" y supondría "una complejidad técnica, administrativa y social que no se ve compensada por beneficios adicionales".

Asimismo, el Departamento de Espacio Público y Barrios iniciará el procedimiento para revisar la Ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones con el fin de adecuarla a esta decisión.

La concejala de Espacio Público y Barrios, Beatriz Artolazabal, ha explicado que la decisión responde a "un proceso de análisis que se ha prolongado durante los últimos meses".

Según ha explicado, la implantación del APR siempre "planteó dudas" a su Departamento. "Entendíamos que añadir una nueva regulación sobre un ámbito donde la Zona de Bajas Emisiones apenas llevaba un año funcionando podía generar una complejidad importante y, por eso, antes de tomar una decisión, hemos querido escuchar a las partes y apoyarnos en un análisis técnico riguroso", ha manifestado.

REUNIONES

En ese proceso, el Ayuntamiento mantuvo reuniones tanto con EH Bildu, grupo que planteó la incorporación del APR durante la tramitación de la Ordenanza, como con los principales colectivos afectados, entre ellos representantes del comercio, la hostelería, asociaciones empresariales y gremios profesionales.

Las aportaciones recibidas, unidas a las dudas trasladadas por los propios servicios técnicos municipales, llevaron al Departamento a solicitar "un informe específico" que analizara la conveniencia o no de implantar esta medida.

El documento analiza la implantación del APR desde distintos ámbitos, tanto técnico, como operativo, social, económico y jurídico. El informe advierte de que el APR regularía el mismo espacio que ya regula la ZBE, "obligando a convivir con dos regímenes distintos de acceso, con autorizaciones, excepciones y procedimientos distintos". Esta duplicidad "incrementaría notablemente la carga administrativa y dificultaría la comprensión del sistema por parte de la ciudadanía".

También advierte de la complejidad que supondría adaptar los sistemas de control y gestión de la ZBE para incorporar un segundo régimen de acceso, "multiplicando las casuísticas, las autorizaciones, la atención ciudadana y la resolución de incidencias".

EXPERIENCIA ACUMULADA

El informe señala que la experiencia acumulada durante el primer año de funcionamiento de la ZBE demuestra, además, que la ciudadanía "ya ha necesitado un importante esfuerzo de información para comprender el funcionamiento del sistema actual".

Uno de los aspectos centrales del informe es el análisis de la eficacia real de la medida. Los técnicos consideran que el APR aportaría "una mejora muy limitada" para los residentes, ya que el tráfico de paso se ha reducido "de forma muy significativa" tras las actuaciones realizadas en Los Herrán, Portal del Rey y Nueva Fuera y la implantación de la propia Zona de Bajas Emisiones.

El documento incorpora además las aportaciones realizadas por comerciantes, hosteleros, asociaciones empresariales y profesionales, que alertan de que el APR "dificultaría la actividad económica, el abastecimiento, la prestación de servicios y el acceso de clientes, además de incrementar las cargas administrativas para empresas y autónomos".

Por último, analiza la medida desde los principios de buena regulación y concluye que la implantación del APR "no supera, en este momento, los criterios de necesidad, eficacia y proporcionalidad", al no acreditarse "beneficios suficientes que justifiquen las nuevas restricciones y los costes administrativos que implicaría".

Como consecuencia de esta decisión, el Departamento de Espacio Público y Barrios iniciará el procedimiento para revisar la Ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones con el objetivo de "adecuar su contenido a la realidad actual y adaptar el texto a las conclusiones del informe técnico".

"No creemos en la sobrerregulación. Cada nueva restricción debe estar plenamente justificada y aportar un beneficio real para la ciudadanía. Cuando los objetivos ya se están alcanzando, lo responsable es mantener una regulación proporcionada, eficaz y fácil de entender para la ciudadanía", ha apuntado Artolazabal.

Según ha puntualizado, la experiencia demuestra que la ZBE "está cumpliendo los objetivos para los que fue diseñada" y, por tanto, "es el momento de adaptar la Ordenanza a esa realidad".