Joaquín Jiménez reclama un reconocimiento "solemne y expreso" por parte del mundo abertzale de respeto y compasión hacia las víctimas
BILBAO, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -
El fiscal superior del País Vasco, Juan Calparsoro, afirma que los jueces y fiscales que trabajan en Euskadi pueden ejercer su función "con gran capacidad y competencia también respecto a los delitos terroristas, como lo han demostrado respecto al resto de materias, algunas de ellas de mayor complejidad técnica y jurídica".
Calparsoro recuerda que "de las 829 personas asesinadas por ETA, 551 lo han sido en el País Vasco, territorio donde más se ha padecido la amenaza", y asegura que "en este contexto, el trabajo y la labor de la gran mayoría de los fiscales y jueces en el País Vasco ha sido ejemplar y ha supuesto un pilar básico para la legitimación del Estado de Derecho en Euskadi".
Para Calparsoro, "el Derecho es, sin duda, necesario, pues una sociedad sin Derecho, sería una sociedad carente de derechos. Una paz sin justicia es ilusoria y efímera. Pero la justicia no es algo descarnado, sino que hunde sus raíces en la coherencia humana".
Estas reflexiones del fiscal superior se recogen en el último número de la revista de pensamiento e historia Hermes, '365 egun bakean-365 días en paz', en la que un selecto grupo de jueces, magistrados, catedráticos de Derecho Penal, abogados y representantes institucionales, que participaron el pasado 22 de junio en el seminario "El Derecho Penal ante el fin de ETA", organizado por la Fundación Sabino Arana, reflexionan sobre el nuevo escenario que se nos plantea.
Al acto de presentación de la revista este sábado en Bilbao han acudido, entre otros, el fiscal jefe del Tribunal Superior del País Vasco, Juan Calparsoro, la secretaria del EBB de EAJ-PNV, Pilar García de Salazar, los abogados Txema Montero, Javier Beramendi, José Ricardo Palacio, Angel Gaminde e Itziar Txarterina, el catedrático de Derecho Penal, Juan Ignacio Echano; los diputados en el Congreso, Aitor Esteban y Josu Erkoreka, el profesor de Derecho Procesal de la UPV, Alberto Sáiz de Garitaonaindia, el letrado de Juntas Generales de Bizkaia, José Luis Aurtenetxe y el senador Iñaki Anasagasti.
JOAQUÍN JIMÉNEZ
La publicación recoge también las consideraciones de Joaquín Giménez, juez magistrado del Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, quien afirma que "urge iniciar un discurso compartido por todos que debe venir de la mano de la aceptación sincera de dos valores que constituyen la enseña y divisa de toda sociedad democrática: el pluralismo político y el respeto a los derechos humanos".
Aunque también reconoce que, con independencia de las respuestas o situaciones que en relación a las víctimas se contabilizan en los presos de ETA, sigue "echando de menos un reconocimiento solemne y expreso por parte de los responsables políticos del mundo abertzale de respeto y compasión hacia las víctimas del terrorismo, que contrasta con sus denuncias ante lo que consideran vulneraciones de los derechos humanos de algunos humanos: los presos de ETA". Y añade: "esta falta de rigor intelectual es muy patente".
Joaquín Giménez concluye aseverando que "la asignatura pendiente que tiene actualmente la sociedad vasca es la de avanzar hacia un reencuentro de todos, presidido por la libertad y convivencia".
Para el Ararteko, Iñigo Lamarca, "la expresión más elevada del triunfo de la democracia pasa por la incorporación de quien combatió al Estado democrático de Derecho, -violando sistemática y gravísimamente lo que constituye su columna vertebral, esto es los derechos humanos y los valores éticos que los sustentan-, al consenso democrático sobre la legitimidad, vigencia y asunción de los fundamentos del Estado democrático de Derecho".
JOSÉ RICARDO DE PRADA
La revista también recoge las impresiones del magistrado de la Audiencia Nacional, Sala de lo Penal, José Ricardo de Prada, quien señala que "la general consideración de que el terrorismo ha dejado de ser un problema importante para la ciudadanía vasca y española, no implica ni mucho menos que súbitamente se hayan resuelto los múltiples obstáculos y problemas de todo tipo que, pese a las apariencias, subyacen en la situación".
A su juicio, "olvidarse de ello es un grave error de planteamiento. La situación demanda ser debidamente gestionada, tanto desde el plano político como de otros, incluidos los técnicos y jurídicos".
Según el magistrado, "existen otras víctimas de este largo y cruel conflicto, que todavía no han recibido una respuesta similar por parte del Estado. Justo será también reconocer la existencia de personas que han sufrido violencia policial, torturas y malos tratos y justo será atenderlas y repararlas como merecen". "El inmovilismo -concluye- no nos abrirá camino alguno. La sociedad exige futuro y quiere hacer realidad sus legítimas y merecidas esperanzas de paz y normalización".
Por su lado, el catedrático de Derecho Penal de la Universidad Rey Juan Carlos (Madrid), Antonio Cuerda, cree que tras el fin de la actividad armada de ETA es necesario modificar la normativa antiterrorista por motivos constitucionales.
"De la Constitución se deriva que es el Estado o, si se prefiere, son los órganos con capacidad de modificar la legislación, quienes deben cambiar la normativa antiterrorista, una vez que ETA ya no realiza atentados terroristas. A esto hay que añadir que tal normativa no puede ser mantenida por la merma que supone de derechos fundamentales y que, por no ser necesaria, carece de justificación en el momento actual, sin perjuicio de que en el futuro pudiera ser reintroducida si cambiaran las circunstancias", afirma.
PRESOS MILITARIZADOS
El abogado penalista y profesor de Derecho Penal en la Universidad de Deusto, Xabier Etxebarria, se pregunta "si ha acabado la lucha armada, ¿por qué los presos siguen militarizados, prietas las filas, hipotecado su futuro individual y el de sus familias por la unidad del colectivo, sometidos a los intereses de otros?". "Si para la participación política de la Izquierda Abertzale se puede aceptar la legalidad española, ¿por qué a los presos se les ofrece como único camino el espejismo de la ilegal e imposible amnistía?", cuestiona.
Además, la magistrada de la Audiencia Provincial de Bizkaia Nekane San Miguel opina que "esperar resarcimiento a través de la entidad de la pena puede resultar más frustrante que balsámico" y que "no se trata del perdón, ni de la reconciliación ni de la compasión ni de rendimiento...., sino exclusivamente de optar por un derecho respetuoso con los más elementales derechos que hemos consensuado y expresado en Normas y Convenios a que nos hemos adherido y firmado".
Finalmente, el abogado penalista José Ricardo Palacio reconoce que "se han alzado voces sugiriendo que, una vez desaparecida ETA, podría suprimirse la Audiencia Nacional y que cabría incluso derogar en su esencia las normas penales, procesales y penitenciarias en materia de terrorismo". Pero para él, "el tema no es tan sencillo, porque existen otros terrorismos, distintos del de ETA, contra los cuales será preciso luchar: por ejemplo, el terrorismo islámico".
