VITORIA, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -
El sindicato CC.OO. anunció hoy que estudia la interposición de un recurso al Anteproyecto de Ley de Presupuestos para 2009 por considerar que su artículo 22 supone la "regulación unilateral y arbitraria" de los permisos por asuntos particulares, fijando su número en seis anuales y su naturaleza de recuperables, por lo que es "un atentado a los derechos fundamentales de negociación colectiva y libertad sindical".
CC.OO. señaló que en la reunión de hoy de la Mesa General de la Función Pública, la Administración ha rechazado retirar el artículo 22 del Anteproyecto de Ley de Presupuestos, por lo que el sindicato anunció que "no suscribirá acuerdo alguno en el que la aceptación del artículo 22 sea condición 'sine qua non' ".
El sindicado denunció que la actitud del gobierno es "inaceptable" ya que el artículo 22 supone la "regulación unilateral y arbitraria" de los permisos por asuntos particulares, fijando su número en seis anuales y su naturaleza de recuperables. En este sentido, indicó que esta regulación "no estaba recogida en el régimen de Permisos y Licencias de la Administración General, la Ertzaintza y los colectivos laborales de Limpieza y Cocina del Departamento de Educación".
Por ello, afirmó que "debe ser objeto de negociación como obligan tanto el Estatuto Básico del Empleado Público, como el Estatuto de los Trabajadores". "Con ello, la Administración vulnera gravemente el Derecho de Negociación Colectiva, elemento esencial del Derecho Fundamental de Libertad Sindical", explicó. El sindicato anunció que estudia la interposición de un recurso al Anteproyecto de Ley de Presupuestos para 2009.
Asimismo, recordó que con este artículo, la Administración "incumple el Estatuto Básico del Empleado Publico, que es una Ley Básica aprobada por el Parlamento español con el apoyo, entre otros, del PNV". CC.OO. criticó que "se discrimina al personal de la Administración General, Ertzaintza y Limpieza y Cocina, respecto del resto de colectivos que dependen de la Administración y del personal de las Administraciones Forales y Locales".
"El Gobierno vasco, y particularmente la Consejería de Función Pública, es responsable por omisión de la deshomogeneización de las condiciones de trabajo del personal de las Administraciones Públicas Vascas y, por tanto, de los agravios comparativos, individuales y colectivos, que perjudican a su personal en relación con el de las Administraciones Locales y Forales, y de las repercusiones que ello pueda causar en la prestación de servicios", insistió.
