BILBAO, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -
El consejero de Administración Pública y Justicia del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, y el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, han firmado un acuerdo que evitará el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 8/2013, de 26 de junio, de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas.
Según ha informado el Departamento que dirige Erkoreka, el acuerdo ha sido posible tras seis meses de negociación en el seno de la "Comisión Bilaretal de Cooperación Administración del Estado-Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco" y será comunicado al Tribunal Constitucional y publicado próximamente en los boletines oficiales del Estado y del País Vasco.
Por una parte, los gobiernos vasco y español han acordado la interpretación del artículo 4 de manera que el informe estatal de evaluación de los edificios no sustituirá al informe técnico autonómico sino que, cuando se trate de la misma evaluación, el exigible será, en Euskadi, el que fija la ley vasca.
Por otro lado, se ha convenido la interpretación de los artículos 7, 8, 10.1, 10.3 y 10.4, de tal forma que se reconoce expresamente que no se puede alterar la normativa vigente en Euskadi en materia de ordenación urbana. Así, las actuaciones de rehabilitación, regeneración o renovación urbana, en las situaciones de deterioro o de degradación, respetarán siempre los instrumentos vascos de ordenación urbanística.
Además, el acuerdo "deja claro" que la memoria de viabilidad económica que exige el artículo 11 de esta Ley española, sólo es aplicable a las personas propietarias de los inmuebles y que no tiene nada que ver con la memoria de impacto de las transformaciones urbanísticas en las haciendas públicas, competencia en Euskadi recogía en la Ley de Suelo y Urbanismo.
Por último, ambos gobiernos han acordado el artículo 12 de esta Ley, de manera que la técnica para ejercer los derechos de "tanteo y retracto" se aplicarán según la legislación urbanística vasca.
