SAN SEBASTIÁN, 4 May. (EUROPA PRESS) -
Las Juntas Generales de Gipuzkoa han aprobado este miércoles una propuesta para que se penalice el acoso a las mujeres que acuden a clínicas para la interrupción voluntaria del embarazo, de cara a garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en el
territorio.
El pleno de la Cámara foral ha aprobado, a instancias de una iniciativa de Elkarrekin Podemos IU, una enmienda transaccionada entre la coalición progresista con los grupos junteros de PNV y el PSE. El texto ha contado con el apoyo de EH Bildu y el rechazo del PP.
La propuesta muestra el "rotundo rechazo" de las Juntas de Gipuzkoa ante "cualquier manifestación de grupos ultracatólicos, antiabortistas o de naturaleza similar que conlleve el acoso e incitación a un retroceso en los derechos ya consolidados de las mujeres y que implique interferir, intimidar o coaccionar en la toma de decisiones sobre su propio cuerpo".
En este sentido, se reafirman y muestran su apoyo en la Ley Orgánica de abril que modifica la de 1995 del Código Penal para penalizar el acoso a las mujeres que acuden a clínicas para la voluntaria la interrupción del embarazo.
Asimismo, la iniciativa insta a la Diputación Foral de Gipuzkoa a que "respete y promueva la autonomía de las mujeres en el acceso y ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos", y a velar por que "ninguna administración pública sirva de altavoz a campañas que inciten el acoso y la violencia contra las mujeres en el ejercicio de sus derechos".
De este modo, emplaza a las administraciones públicas a "evitar la violencia y victimización de las mujeres" en los soportes publicitarios, comunicativos y de naturaleza similar que gestionen de forma directa o indirecta.
GRUPOS "RADICALES"
La juntera de Elkarrekin Podemos IU Mariví Eizaguirre ha advertido de que "no se puede permitir que los derechos de las mujeres se vean coartados por parte de grupos radicales". "Queremos decidir sobre nuestros cuerpos sin que nadie nos acose", ha aseverado para mostrar su "hartazgo" con los "paternalismos con este tema".
Eizaguirre ha abogado por la educación y formación a todos los niveles, si bien ha lamentado que "en educación afectivo sexual y en salud sexual y reproductiva vamos con mucho retraso" y ha considerado que "si hubiera más educación y medidas reales de corresponsabilidad, se darían menos casos de aborto". Además, ha denunciado que Osakidetza "está cometiendo dejación de sus funciones, que debe garantizar este servicio en los centros públicos".
La juntera del PSE Petri Romero, por su parte, ha criticado los "actos molestos, ofensivos, intimidatorios o coactivos que pretenden influir en la decisión de las mujeres de interrumpir su embarazo por parte de grupos 'organizados'".
En este sentido, ha recordado que en España dichos grupos "acosan y hostigan a las mujeres y a los profesionales que lo facilitan, obstaculizando así el ejercicio de un derecho reconocido en nuestro ordenamiento jurídico". Por ello, ha considerado "imprescindible" garantizar una zona de seguridad alrededor de los centros sanitarios que facilitan la interrupción voluntaria del embarazo, de forma que "quede garantizada la intimidad de las mujeres, su libertad y seguridad física y moral".
El grupo juntero del PP ha votado en contra de la propuesta. Su portavoz, Juan Carlos Cano, ha afirmado que "frente al principio de intervención mínima, recogido por el Derecho Penal, y frente a la defensa de la libertad de expresión y reunión, quienes han apoyado esta iniciativa, han aprobado la penalización de los ciudadanos que no piensan como ellos".
"Se lanza el mensaje a la ciudadanía de que tengan cuidado porque quienes tengan la osadía de expresar una opinión pacíficamente, incluso rezando, podrían ser sujeto de una legislación que le envíe a la cárcel", ha expresado.
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