BILBAO, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -
El director general de Save the Children en España, Andrés Conde, y la directora de la oficina de Euskadi, Eva Silván, han mantenido esta mañana una reunión con el lehendakari, Iñigo Urkullu, a quien han pedido el impulso de medidas políticas que reduzcan la pobreza infantil en Euskadi.
Al encuentro han acudido también la consejera de Empleo y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal; el secretario general de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación, Jonan Fernández, y el director de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo, Paul Ortega.
Según ha informado Save the Children, ha acudido a la reunión con el objetivo de visibilizar el trabajo que la organización realiza en Euskadi en materia de infancia y poner en valor las propuestas presentadas a lo largo de la última legislatura, así como para mostrarse como un agente "relevante" y colaborador del Gobierno Vasco en la elaboración de sus políticas y propuestas.
"Hemos trasladado al lehendakari Urkullu nuestra total disposición para trabajar con su ejecutivo en aquellos asuntos que afecten a la infancia en Euskadi, incidiendo especialmente en la desigualdad y violencia", ha valorado Andrés Conde.
La cita ha pivotado en torno a los asuntos más relevantes para la organización tanto a nivel autonómico como estatal. En relación con la protección social, los representantes de la ONG han insistido en la necesidad de desbloquear la reforma de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), de manera que incorpore el incremento de la cuantía por hijo o hijas a cargo de las familias más vulnerables.
"Es importante que se desbloquee la reforma de la RGI y que, a partir de ahí, se pueda articular una protección más eficaz para las familias con hijos e hijas a cargo, algo que ahora mismo no está sucediendo. Pedimos a las fuerzas políticas representadas en el Parlamento Vasco que lo hagan posible", ha reclamado Eva Silván.
Save the Children ha trasladado también al Gobierno Vasco la necesidad de impulsar acciones en relación a la protección integral de la infancia y adolescencia frente a la violencia, y la necesidad de trabajar de manera conjunta en la mejora del proyecto educativo y de los procesos de emancipación y transición a la edad adulta de los menores extranjeros no acompañados, de manera que se consiga que tengan una integración "plena y productiva".
