La Delegación del Gobierno no autorizará la instalación de videocámaras para vigilar vías públicas de Olivenza y Llerena

MÉRIDA 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Delegación del Gobierno no aprobará la solicitud de instalación de videocámaras en las vías públicas de las localidades pacenses de Olivenza y Llerena para garantizar la seguridad de sus ciudadanos y su patrimonio, en tanto que "no se dan las circunstancias que justifiquen una medida tan extraordinaria", según afirmó hoy la delegada gubernamental en la región, Carmen Pereira.

En declaraciones a los medios durante la inauguración de la sede de Hidroguadiana en Mérida, Pereira respondió de este modo a la petición de instalación de cámaras de vigilancia realizadas por los ayuntamientos de Olivenza y Llerena, que fue analizada por la Comisión de Garantías de Videovigilancia durante el transcurso de una reunión mantenida ayer en Cáceres.

Según apuntó la delegada del Gobierno, los permisos de instalación de dichos sistemas de vigilancia en las vías públicas se tienen que otorgar "cuando existen "circunstancias excepcionales o extraordinarias que justifiquen una limitación del derecho fundamental del honor, la intimidad y la propia imagen de las personas", tales como -explicó- que se produzcan actos vandálicos continuados o una situación de inseguridad.

En este sentido, afirmó que en dichas localidades "no se dan" tales circunstancias, motivo por el cual "no se va a aprobar la instalación de cámaras de seguridad".

La Comisión de Garantías de Videovigilancia dictó ayer un informe previo a la aprobación o no de la solicitud por parte de la Delegación del Gobierno, que es el órgano competente para autorizar o no de dicho sistema de seguridad.

Dicha comisión, que se reunió ayer por primera vez en la Comunidad, está formada además de por el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, Julio Márquez de Prado, por el fiscal jefe del Alto Tribunal extremeño, Aurelio Blanco; un abogado del Estado; un representante de la Federación de Municipios; otro de la Administración General del Estado; uno más de la Delegación del Gobierno; y dos asesores designados al efecto por esta última institución.