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MÉRIDA, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -
La asociación Ecologistas en Acción ha reclamado al Gobierno extremeño que tenga "responsabilidad política" en el asunto de la sentencia sobre el complejo 'Isla de Valdecañas' y que "no" presente un recurso sobre la misma "carente de fundamentación" ante el Tribunal Constitucional.
Ha reclamado asimismo a la Administración regional que trabaje por el "restablecimiento" de la "legalidad" en el espacio "protegido" del complejo en cuestión.
En nota de prensa, el colectivo entiende también que el anuncio del Gobierno extremeño de que estudiará un posible recurso contra la última sentencia supone "una huida hacia adelante" ante "la rotundidad de los términos de la Sentencia del Tribunal Supremo sobre la ilegalidad" del proyecto urbanístico.
"Entendemos que la justificación para el recurso de amparo que se ha anunciado en los medios de comunicación carece de fundamento, lo que no puede pretender la Junta es la aplicación de una ley de 2010 con carácter retroactivo a una resolución de 2007, que ni siquiera fue analizada en el procedimiento judicial", apunta José María Trillo-Figueroa, el abogado de Ecologistas en Acción encargado del caso de Marina de Valdecañas.
"Además, esa cuestión tampoco validaría el proyecto pues lo que en definitiva se ha hecho es someter el interés público al interés particular de un promotor privado", explica Trillo.
Añade que tanto los responsables del gobierno anterior como los del actual deberían en primer lugar "asumir su responsabilidad política", así como "acatar los dictados" de la sentencia "de una vez por todas", y "no dilatar el proceso infundadamente" y "empezar a trabajar en la restauración de la zona y el restablecimiento de la legalidad".
Además, resalta que "no se puede olvidar que el posible recurso al Tribunal Constitucional no paraliza la ejecución de la sentencia del Supremo, puesto que es firme".
PUNTO Y FINAL
Ecologistas en Acción lamenta "una vez más" que el Ejecutivo extremeño "accediera a los despropósitos de un promotor urbanístico permitiendo la urbanización un espacio protegido de tan alto valor ambiental". También lamenta que el proceso "se haya dilatado ocho años en los tribunales" y que "el espacio se encuentre prácticamente urbanizado".
"No se ha levantado, eso sí, gran parte de las dotaciones que sirvieron para justificaban el "interés regional" del proyecto", asevera el colectivo.
Finalmente, insisten que la sentencia del Tribunal Supremo "debe ser el punto final de este despropósito urbanístico y el primer capítulo para crear alternativas sostenibles en la zona, respetuosas con el medio ambiente y generadoras de bienestar y empleo de forma estables para sus residentes".
Añade también que la federación extremeña de Ecologistas en Acción celebrará la "victoria" durante la asamblea que celebrará este fin de semana en Cáceres.
