La Junta dice que la sanción al sector del tomate ha sido afrontada por el Estado y no tiene repercusión en agricultores

Tomates
EP/UGR
Actualizado: jueves, 28 octubre 2010 20:40

MÉRIDA, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Extremadura ha explicado que la sanción impuesta a España por irregularidades en el sector de los tomates en Extremadura "fue afrontada por el Gobierno de España en su día", de manera que la penalización "ni ha afectado ni afectará a los productores de tomate extremeños".

El Ejecutivo extremeño ha recalcado en un comunicado que la sanción "no ha repercutido en las ayudas recibidas por los agricultores". Según destaca, la sanción, de cuatro millones de euros, es "totalmente desproporcionada" y defiende que "no se produjeron irregularidades en los controles".

Así lo ha indicado la Junta en relación al recurso que ha desestimado el Tribunal General de la Unión Europea (TUE), con el que ratifica la sanción de cuatro millones de euros que le impuso la Comisión Europea en 2007 por irregularidades en los controles en el sector de los tomates en Extremadura.

"NO" SE EVIDENCIA IRREGULARIDAD

Según destaca el comunicado de la Administración regional, "en todo momento la Comunidad Autónoma ha sido apoyada por la Administración general del Estado, en la defensa de lo que se considera el derecho legítimo a no soportar una corrección financiera cuando no se ha evidenciado irregularidad alguna". Al respecto, se refiere a la "presunción de potenciales riesgos que no fueron ni tasados por la Comisión Europea a la hora de indicar qué irregularidad podía cometerse ni fueron detectados en su visita".

Añade que "de hecho, la sanción no se impone por irregularidades o infracciones que se hayan detectado, puesto que los controles se realizaban, ni porque las ayudas estuvieran mal pagadas ni tampoco porque los agricultores no cumplieran con los requisitos".

El Gobierno regional ha recordado que la Comisión, cuando visitó Extremadura en 2004, lo hizo para revisar un reglamento de 2001, que "luego modifica y que aún modificándolo no recoge la necesidad ni obligación de realizar controles bajo otro criterio que el que ya contemplaba la anterior normativa del año 1996".

Es decir, los gestores encargados de los controles "realizaban las inspecciones de acuerdo con las normas nacionales y en un porcentaje que representaba el doble de lo exigido", explica en el comunicado.

Además, argumenta, "la eficacia de los controles venía avalada por la inexistencia de irregularidades, que se realizaron al amparo de la normativa nacional".

"Es más, a partir de la visita de la Comisión y atendiendo a lo que en aquel momento era una recomendación, sin decisión de corrección financiera, se procedió incrementando los controles en toda la franja horaria, durante toda la campaña y en todas las industrias y no llegaron a detectarse irregularidades", explica.

La Junta finaliza indicando que "de todo ello es plenamente conocedor el propio sector, que ha soportado la intensidad y frecuencia exhaustiva de los controles en sus instalaciones".