La Junta y Telefónica firman un convenio para el desarrollo de la administración electrónica en Extremadura

MÉRIDA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Administración Pública y Hacienda, Ángel Franco, se ha reunido con el secretario general de Telefónica de España, Pablo de Carvajal González, para firmar un convenio que contribuirá al impulso y desarrollo de la Sociedad de la Información y la Administración electrónica en la región.

El convenio firmado establece la colaboración entre ambas partes en el diseño y elaboración de disposiciones que afecten al sector de las telecomunicaciones y de la sociedad de la información en la Comunidad Autónoma, en especial el desarrollo del acceso a las comunicaciones de la información administrativa para el periodo 2008-2012, mediante la inversión de dos millones de euros los próximos cinco años.

Uno de los objetivos que persigue la Junta de Extremadura es adoptar medidas que promuevan la inversión y fomenten el progreso económico y social de la Comunidad Autónoma, así como el afianzamiento de las relaciones que nos unen con las principales empresas con actividad en la región, siendo Telefónica uno de los grupos empresariales más importantes con implantación en Extremadura, que proyecta llevar a cabo la ampliación de su actividad regional mediante proyectos de naturaleza socioeconómica que, dentro de su objeto social, contribuyen al desarrollo regional.

La Junta de Extremadura, a través de una nota, dice que es conocedora de los proyectos que Telefónica lleva a cabo en relación al acceso de redes avanzadas de telecomunicaciones y de la sociedad de la información, y entiende que estos proyectos actuarían de forma "positiva" en la racionalización de procedimientos y derecho de información de los ciudadanos ante la Administración y que, además, generarían una importante oferta de de empleo estable.

Por todo ello, la Consejería de Administración Pública y Hacienda valora "en gran medida" la firma de este convenio y el "compromiso e interés" empresarial que la Compañía ha depositado en Extremadura, en cuanto a factor de desarrollo económico regional y de mejora de la eficacia organizativa de las Administraciones Públicas y del derecho de información de los ciudadanos, concluyó la Junta.