SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -
Más de la mitad de las intervenciones de embarazo de menos de 14 semanas de enero a octubre de este año se hicieron en la red sanitaria pública gallega, mientras que el porcentaje en 2017 se situó al término del año en un 46,3%.
Así lo ha puesto de manifiesto el director xeral de Asistencia Sanitaria, Jorge Aboal, en respuesta en la Comisión de Sanidade de este miércoles a la pregunta formulada por En Marea sobre los datos de interrupción voluntaria de embarazo en la sanidad privada o concertada y las campañas de atención en materia de formación afectivo-sexual.
La diputada de En Marea Paula Quinteiro denunció que "no es admisible" que la mayor parte de las interrupciones de embarazo se realicen en sanidad privada y ha reclamado medidas para regular la objeción de conciencia médica, que evite que se vulnere el derecho de las mujeres.
Ante esto, el director xeral de Asistencia Sanitaria ha resaltado que en las interrupciones de menos de 14 semanas, el 90% de las que se realizan, en 2017 el porcentaje en sanidad pública fue el 46,3% pero de enero a octubre de este año subió al 51,6%.
De 14 a 22 semanas, el porcentaje subió del 60% en centros públicos al 70% este año, y del mismo modo, en más de 22 semanas, del 80 al 90% en 2018.
"Pienso que es positivo que las mujeres puedan escoger, además, en estas circunstancias, nosotros tenemos que dar información y solución", ha remarcado.
En cuanto a la objeción de la conciencia, ha rechazado regularlo al tratarse de "un derecho de los profesionales".
En su intervención, Paula Quinteiro ha criticado la ausencia de "autocrítica" ante estos datos, atribuyendo esta postura a una "decisión política".
"Lo que no puede ser es que haya una apuesta política en esto, no dijo prácticamente nada de la objeción de conciencia, no puede ser que haya centros enteros en los que todos hagan objeción de conciencia", para concluir que "no puede ser que el derecho de las mujeres quede relegada por condiciones ideológicas".
CONSORCIO DE BENESTAR
Por otra parte, el gerente del Consorcio de Benestar, Perfecto Rodríguez Muíños, ha defendido la cobertura de plazas y las condiciones laborales de los trabajadores de los centros dependientes, frente a la crítica de "situación dramática" a la que se refirió en la formulación de su pregunta la diputada de En Marea, Paula Vázquez Verao, por "insuficiencia de personal".
Rodríguez Muíños ha puesto en valor que se incrementarán los salarios en un 6-7% este año, con subidas porcentuales que supondrán un aumento acumulado que llegará al 20% en 2022, y ha negado el rechazo a peticiones de conciliación.
De enero a octubre de 2018, ha resaltado, se solicitaron 193 peticiones de conciliación de las que se aprobaron 181 y solo se denegaron por razón de servicio 12, ha enumerado.
Por su parte, la diputada de En Marea ha denunciado que la Consellería de Política Social es la que "mayor siniestralidad tiene", seguida de la Consellería do Medio Rural, con hasta 1
